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Un niño podrá ir a la escuela sin mascarilla por motivos médicos tras el aval de un juez

Un juzgado de Barcelona pone por delante la salud del niño y ahora el Govern analizará aulas con alumnos sin mascarilla a dos días de empezar el curso escolar

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Redacción COPE Barcelona

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 17:49

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado este viernes que analizarán la transmisibilidad del Covid-19 en clases donde algún alumno no lleve mascarilla por razones médicas o autorización judicial, después de que un juzgado de Barcelona lo ha avalado para un niño.

En rueda de prensa, Gonzàlez-Cambray ha recordado que el pasado curso ya había "muchos" alumnos con patologías que les impedían llevar la mascarilla, sobre todo en centros de educación especial, pero también en algún centro ordinario.

En un auto, el Juzgado Contencioso número 7 de Barcelona ha estimado las medidas cautelarísimas que pidió la familia del niño, de 9 años y alumno de cuarto de Primaria en una escuela pública de la capital catalana, para que pueda ir a clase sin mascarilla, tras presentar certificados médicos que exponen que "el menor, debido al uso de la mascarillas, sufre cefaleas intensas, vómitos y trastornos neurovegetativos".

La sala ha autorizado esta medida por motivos médicos, poniendo por delante la salud del niño por encima del interés general, ya que el resto de alumnos y maestros estarán protegidos por sus propias mascarillas.

El consejero de Educación ha asegurado que la escuela se adaptará a esta medida porque hay que priorizar el derecho a la educación del niño.

El abogado Víctor Morales, que representa a los padres del menor y es miembro de Units per la veritat -una asociación especializada en la pandemia de Covid-19-, ha explicado que el curso pasado la familia pidió a la escuela que eximiera al niño de usar mascarilla, siguiendo un procedimiento administrativo, pero el centro terminó rechazando su petición.

A las puertas del nuevo curso, la familia ha conseguido el aval urgente del juez, que ha dado tres días a la Fiscalía y a la Administración para que se posicionen, y después confirmará o no su decisión.

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