El secretario del sindicato de seguridad privada, Nacho Arroyo, ha pedido en los micrófonos de COPE un compromiso de la administración para otorgar a los inspectores y agentes de seguridad la posición de agentes de la autoridad en los que se refiere a las agresiones. Esta petición surge a raíz de la agresión sufrida por un interventor de Rodalies de Renfe. Hasta tres agentes de seguridad fueron necesarios para reducir al agresor que se negó a bajar del tren y a pagar la multa.

El atacante no se tomó bien la propuesta de multa. Alzó los puños e hizo ademán de agredir al revisor, algo que finalmente hizo. En aquel momento, tres vigilantes que acompañaban al interventor actuaron. Antes, no obstante, el agresor sacó un puño americano de una bandolera que llevaba e intentó golpear con este objeto a los profesionales de la seguridad.

Según Arroyo, este tipo de agresiones han incrementado un 30%, por eso no entiende como no se puede considerar a estos trabajadores como agentes de la autoridad penalmente. En 2017 el Ayuntamiento de Barcelona estimó que "los vigilantes de parquímetro serán considerados como agentes de la autoridad a efectos de su defensa jurídica" para disuadir a los potenciales agresores de ensañarse con estos agentes que dentro de sus funciones se encuentra la de sancionar al ciudadano, a partir de entonces, agredir a un vigilante BSM (parquímetro) puede conllevar una condena de entre 2 a 12 años.

En lo que respecta a la agresión de este fin de semana, tras usar el espray de gas, que afectó al hombre y al resto del vagón, la seguridad sí pudo poner las esposas al viajero. Lo bajaron en Sant Vicenç de Calders, donde los Mossos d'Esquadra, a quien había llamado el revisor, identificaron al sujeto. Este abandonó las instalaciones y el tren pudo retomar su servicio.

Los tres vigilantes han denunciado al hombre por lesiones. En los cacheos realizados por la fuerza pública, los mossos se incautaron del puño americano y sustancias estupefacientes.