El magistrado instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado la conclusión del sumario respecto de la exconsellera catalana Meritxell Serret i Aleu, que permaneció huída en Bélgica junto al expresident Carles Puigdemont hasta su regreso el pasado 11 de marzo, y que finalmente es procesada por los presuntos delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos.
En su auto, el magistrado dispone que se remita testimonio de la causa junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y ocupadas y las piezas separadas correspondientes a la Sala competente para revisar la conclusión, previo emplazamiento de las partes por término de quince días ante la misma.
Llarena explica que Serret fue procesada el pasado 21 de marzo por los presuntos delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos, habiéndose sobreseído la tramitación de la causa por su situación de rebeldía. Tras el recurso de reforma interpuesto por la procesada, dicho auto fue confirmado por el instructor el 19 de marzo de 2019 y por la Sala de Apelación en auto dictado el 21 de junio de 2019.
NO SE PRACTICARÁN MÁS PRUEBAS
El juez añade que se ha recabado su hoja histórico penal y que se han practicado cuantas diligencias se estimaron oportunas para el esclarecimiento de los hechos denunciados, sin que se hayan reclamado nuevas indagaciones.
El pasado viernes, Serret reconoció ante Llarena que desobedeció los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) respecto de diferentes acuerdos del Govern, si bien ha matizado que lo hizo "siguiendo el mandato popular" de realizar el referéndum del 1-0.
La ex consejera permaneció algo más de una hora declarando ante el juez Llarena, un representante de la Fiscalía y la abogada de Vox Marta Castro, que ejerce la acusación popular en esta causa, y después ha salido de la sede del alto tribunal sin que ninguna de las partes haya pedido para ella ninguna medida cautelar. Su defensa la ejerce el abogado Iñigo Iruín, histórico defensor de miembros de ETA y su entorno.
La procesada reconoció expresamente haber recibido los requerimientos del Constitucional y ha asumido los acuerdos que como Gobierno asumieron "siguiendo ese mandato popular de realizar el referéndum". Sobre la presunta malversación, ha señalado que desde su departamento "nunca se incurrió en ningún gasto que pueda considerarse delictivo".
