Un 13% de las viviendas de protección oficial inspeccionadas en Barcelona presentan un mal uso

El Ayuntamiento ya ha sancionado a 12 propietarios por tener pisos vacíos o alquilarlos a un precio superior del permitido

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El Ayuntamiento de Barcelona ha inspeccionado 2679 viviendas de protección oficial y en 358 de ellas ha detectado indicios de un mal uso. Principamente se trata de pisos vacíos o alquilados por encima del precio establecido por ley. Tras un año y medio de la puesta en marcha del Plan de Inspección de Viviendas de Protección Oficial, la concejala de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, ha explicado los resultados y ha remarcado que "no nos podemos permitir un mal uso de las viviendas de protección oficial, son un bien preciado y necesario. Nuestro objetivo es recuperar su uso y que cumplan con sus funciones sociales". 

Ante estas malas prácticas se han abierto 60 expedientes, y 12 propietarios ya han abonado la multa, que oscila entre 4.000 y 45.000 euros. La cantidad depende de que el propietario regularice el alquiler, ya sea adapntándolo al precio que estipula la Ley por el Derecho a la Vivienda, de 6,40€ /m2, o cediendolo a la Bolsa de Viviendas de Alquiler para un período de entre 5 y 10 años. Esta última opción ha permitido captar hasta 6 viviendas para políticas sociales. 

El Ayuntamiento de Barcelona inició las inspecciones en diciembre de 2017 tras pedir a la Generalitat la cesión de la competencia sobre el parque de viviendas protegidos de la ciudad, pero Martín ha reclamado al gobierno autonómico que se haga cargo de su competencia y no incurra  en la "dejadez de funciones". Principalmente ha remarcado que aunque en la ciudad de Barcelona sí se han podido realizar algunas inspeciones, "otros ayuntamientos seguramente no tengan los recursos necesarios para hacerlo". 

Por otro lado, la concejala se ha mostrado a favor de la propuesta de la Generalitat de que la Sareb ceda 300 pisos al alquiler social. Sin embargo, ha querido matizar que habría que exigir que los pisos estén "vacíos y en buen estado", y ha mostrado su disconformidad con que las administraciones tengan que pagar un porcentaje del alquiler al banco. También ha querido recordar que "en los últimos 4 años el gobierno municipal ha aportado el 80% de las viviendas al alquiler social y la Generalitat  un 20%" cuando por ley deberían ser de un 50% y un 60% respectivamente. De esta forma, la Generalitat "tiene una deuda de 1000 viviendas" con la mesa de emergencia de habitaciones y si las pusiera no habría la lista de espera de 600 familias". 

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