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El 80% de las víctimas de abusos sexuales que piden ayudas públicas no las reciben, según un experto

En las últimas dos décadas se efectuaron 1.356 solicitudes de ayuda pública

La Universitat Oberta de Catalunya, UOC - UOC - Archivo

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 12:00

El 80% de las mujeres víctimas de abusos sexuales que pidieron las ayudas públicas que prevé la ley no las recibieron, según datos del Ministerio de Hacienda del período 1998-2018 obtenidos por el catedrático de derecho penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Josep Maria Tamarit.

En un comunicado este lunes, la institución ha explicado que, según Tamarit, en esas dos décadas se efectuaron 1.356 solicitudes de ayuda pública, de las que se resolvieron favorablemente 272, una media de 13 al año; la media de la compensación económica fue de 1.375 euros, ha añadido la universidad.

"Las cifras muestran que en España hay pocas solicitudes, y esto se debe principalmente a que no todas las víctimas están informadas sobre la posibilidad de reclamar", ha asegurado Tamarit.

La universidad ha explicado que, más allá de las ayudas previstas por la ley, la vía principal para obtener indemnizaciones es un proceso penal.

"Si la persona agresora ha sido identificada, juzgada y condenada, el tribunal impone en la sentencia la obligación de pagar una indemnización a la víctima, que puede ser solicitada por esta si se ha personado como parte en el procedimiento, o, en el derecho español, también por el Ministerio Fiscal", ha explicado el experto.

No obstante, Tamarit ha apuntado que los procedimientos de reclamación pueden ser "largos y complicados" y la indemnización muchas veces no llega a la víctima, porque el infractor no tiene recursos o el sistema judicial no es capaz --en sus palabras-- de hacer ejecutar las sentencias.

Tamarit participa en el proyecto europeo Faircom, que elaboró una lista de buenas prácticas para organismos públicos; por ejemplo, recomendó que una entidad se dedique a obtener del delincuente la indemnización decretada por un tribunal, que se complemente con un pago anticipado por parte del Estado, que no se exijan tasas judiciales o que los abogados financiados por el Estado estén disponibles para las víctimas.

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