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Un juzgado requiere información a Salut, Afers Socials y Vicepresidència por la gestión de las residencias

Vergés asegura que actuarán "con transparencia": "Daremos toda la información"

Alba Vergés

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 17:02

Un juzgado de Barcelona y la Guardia Civil investigan la gestión de las residencias geriátricas de Cataluña por parte de la Generalitat durante el inicio de la pandemia por covid-19. El instituto armado entregó este miércoles varios requerimientos de documentación e información a las consellerías de Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, además de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda. Además, también ha pedido información a la patronal del sector, ACRA, y ha interrogado su presidenta, Cinta Pascual. La consejera de Salud, Alba Vergés, ha asegurado que darán "toda la información de la gestión" con "toda transparencia".

La investigación la puerta el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que se encarga del caso a raíz de un atestado de la Guardia Civil. La investigación, en este caso, no parte de ninguna querella o denuncia por parte de la fiscalía que, por su parte, también tiene abiertas varias diligencias de investigación sobre algunas residencias concretas.

Los agentes, por orden judicial, requirieron varios expedientes, entre ellos los vinculados a la compra de material sanitario, e información sobre los geriátricos que fueron intervenidos, las personas trasladadas de un centro a otro, las medidas de aislamiento y el número de enfermos y muertes por el coronavirus en estos recintos y los PCR realizados, entre otros cuestione. Los agentes pretenden averiguar si la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) y el Círculo Empresarial de Atención a Personas Dependientes adquirieron material sanitario, quien han sido sus interlocutores en la Generalitat y las propuestas que le fueron admitidas o no por la administración catalana. Los agentes, dirigidos por el teniente coronel Daniel Baena, han requerido información a lo ACRA sobre los protocolos de actuación, el número de casos positivos por el covid-19 y la cifra de muertes (distinguiendo entre internos y personal), entro de otra documentación.

Los investigadores sospechan que realmente existió descoordinación en el seno de la administración y que los recursos de personal y material requeridos por las residencias no acabaron de llegar en los momentos claves de la pandemia.

Vergés: "Daremos toda la información"

Tanto Salud, como Asuntos Sociales y lo ACRA se han mostrado tranquilos por la solicitud de información y no tienen ningún problema al dar toda la que se los pida, han dicho a lo ACN.

"Daremos toda la información de la gestión, todo el trabajazo que hemos hecho para poder gestionar un ámbito tan delicado con personas vulnerables con un virus que las afectaba especialmente", ha afirmado en declaraciones a los medios la consejera Alba Vergés.

La titular de Salud ha remarcado que la información será dada "con toda transparencia" y ha apuntado que así se ha hecho también durante la pandemia de cara la ciudadanía, sobre qué era la situación a las residencias, qué medidas se tomaban o qué se han intervenido.

Según sospechan los investigadores, en algunos casos los protocolos no funcionaron ni siquiera para gestionar el aprovisionamiento de bolsas para cadáveres. Otra de las incógnitas que se quiere aclarar es si se movilizaron o no todos los trabajadores disponibles. Los investigadores también tienen indicios que se quizás se cometieron "graves errores" y posible descontrol en el traslado de personas de unas residencias a otras y en la conducción de los pacientes en los hospitales, que en algunas ocasiones fueron tardías.

Las indagaciones no afectan solo en la época en que las residencias eran competencia de la Consellería de Asuntos Sociales, sino también desde que las asumió la Consellería de Salud, el pasado mas de abril. A partir de este momento, se estableció que los geriátricos tenían que comunicar las incidencias existentes y que estos datos tenían que actualizarse cada 24 horas. Los investigadores tienen indicios que la gestión continuó siendo deficiente todo y este cambio, hasta el punto que indagan si realmente se aislaron en los contagiados del resto de los residentes y si existió descontrol en alguno de los traslados efectuados.

Por eso, el juez, a través de la Guardia Civil, ha requerido a la Consellería de Salud porque concrete en qué momento en que se activó oficialmente la emergencia sanitaria y que identifique las personas, sean cargos o no, que han participado en los órganos vinculados a la ejecución del plan de protección civil de Cataluña, así como que detalle los espacios habilitados para uso sanitario públicos o privados a los cuales se ha derivado personas residentes para prestarlos atención. Además, los investigadores quieren conocer el número de personas trasladadas de las residencias en los hospitales, las medidas adoptadas en cuanto a ubicación y aislamiento de pacientes en los geriátricos y las modificaciones en la prestación de servicios ordenadas al personal sanitario.

A la Consellería de Asuntos Sociales, el magistrado solicita que informen sobre las resoluciones, disposiciones e instrucciones que hubieran sido emitidas para garantizar la eficacia de la orden ministerial del 27 de marzo sobre medidas en las residencias de gente mayor y centros sociosanitarios ante la situación de covid. Así mismo, se le ha pedido que explique las medidas adoptadas aislamiento de infectados en estos recintos.

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