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La jueza no ratifica el nuevo confinamiento en varios municipios de Lleida

Considera que es una medida desmesurada y de competencia estatal.

La jueza no ratifica el nuevo confinamiento en varios municipios de Lleida

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 10:35

La Justícia ha acordado no ratificar la decisión de la Generalitat que, por el rebrote de coronavirus en el Segrià (Lleida), desde las 0 horas de este lunes se prohibiera la salida y entrada en la ciudad de Lleida, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.

La jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, afirma en el auto que su decisión -que se puede recurrir- se basa en que ve desproporcionada la resolución de la Generalitat y considera esta es una decisión de competencia estatal.

Considera que no puede argumentarse que ya hubo un confinamiento en Òdena y que haya vigente un confinamiento perimetral en el Segrià “las medidas contempladas allí, de restricción de movimientos, nunca confinamientos domiciliarios generales, suponen una afectación de mucha menor intensidad de los derechos fundamentales que el que ahora pretende el gobierno de la Generalitat”.

La jueza añade que tampoco se puede ratificar este confinamiento domiciliario “pudiendo la Generalitat realizar otras actuaciones como la individualización del confinamiento domiciliario hacia a las personas detectadas y una recomendación de un confinamiento”.

También alega que “la proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos, tiene que basarse en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus, en este caso, dicha transmisión aparece en el informe de pasada”.

“Según las cifras presentadas entendemos que la restricción domiciliaria que se presenta entre otras limitaciones, no es proporcional con las cifras expuestas” insiste.

PETICIÓN DE LA FISCALIA

Además, la Fiscalía Provincial de Lleida se había opuesto a que la Justicía ratificara la decisión de la Generalitat: el fiscal de la Audiencia de Lleida, Juan F. Bone, alegaba en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1, que “es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso”.

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