El Consejo de Ministros ha autorizado este martes que Cataluña permita garantías a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por un máximo de 103,6 millones de euros. Además, podrán ampliar los plazos hasta el 31 de diciembre de 2021 de las líneas de crédito abiertas para afrontar la crisis sanitaria por el coronavirus.

Esta autorización se produce "en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)", según ha explicado el Ejecutivo.

Cataluña solicitó la autorización del Estado para prestar garantías por la Generalitat catalana y la Agencia de la Vivienda de Cataluña ante el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por importe máximo de 89.650.560,38 euros, así como para otras operaciones de aval a conceder por la Generalitat y la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) por importe máximo de 14.000.000 euros. Ello suma, según ha subrayado el Gobierno, un montante total de 103.650.560,38 euros.

Por otra parte, el gobierno catalán también solicitó la autorización para su ampliación hasta el 31 de diciembre de 2021 de las líneas Covid puestas en marcha por diversas áreas de la Generalitat el año pasado. Así se reclamó la modificación de las condiciones de las garantías otorgadas y la posible adaptación de sus condiciones durante lo que resta de año a las modificaciones que se puedan acordar del Marco Nacional Temporal de Ayudas COVID-19, por importe total máximo de 583,2 millones de euros

Esas garantías, ha señalado Moncloa, se arbitran a través de una línea social y cooperativa para promover la inversión, capitalización y anticipos de las empresas; otra línea de impulso industrial; otra línea de crédito para el sector agrícola; otra línea de promoción cultural; y otra línea orientadas hacia cooperativas de crédito del ámbito agrario.

Además, se autoriza a la Agencia de la Vivienda de Cataluña para el establecimiento de garantías, a favor del ICF, por importe máximo de 30 millones de euros, para el otorgamiento de préstamos para la rehabilitación de edificios de viviendas con comunidades de propietarios.