El complejo educativo de Tarragona cuenta con la primera unidad integrada de atención a niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de Cataluña. El proyecto está basado en el modelo Barnahus, donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo, evitando así que el niño se tenga que ir desplazando a los diferentes servicios involucrados y tener que pasar el trance de repetir su historia.

Se trata de un modelo que está muy extendido a los países nórdicos pero que es pionero en el sur de Europa. Desde que se puso en marcha en abril, la unidad tarraconense ha atendido 33 víctimas. Si los resultados de la prueba piloto son satisfactorios, el Gobierno prevé abrir más centras en otros lugares del país.

El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, y el consejero de Educación, Josep Bargalló, han visitado el proyecto este miércoles. La unidad se ubica de momento en un emplazamiento provisional y la intención es que se instale definitivamente en un espacio de nueva construcción en el mismo complejo educativo de Tarragona. El Homrani ha destacado que se trata de un proyecto pionero, tanto en Cataluña como el estado español, para dar una atención integrada "a niños y adolescentes que han sufrido la lacra más grande que tenemos como sociedad: los abusos sexuales". El interés superior, ha subrayado el consejero, es posar el niño "en el centro de la intervención".

El centro tiene el aspecto de un hogar porque los niños y sus familias lo reconozcan como un "espacio amigable". Trabaja a tiempo completo un equipo psicosocial de siete personas, más otras profesionales que se desplazarán cuando haga falta o que conectarán por videoconferencia para evitar que sea la víctima y su familia quien tenga que recorrer las distintas instancias que intervienen en estos procesos: la comisaría, el juzgado, el servicio de infancia o el centro médico.

Con el objetivo de evitar la "revictimización" se desplazarán las unidades correspondientes de los Mossos d'Esquadra, el equipo del Departamento de Justicia encargado de la prueba preconstituida y psicólogos clínicos destinados en los centros de salud mental infanto-juvenil para el tratamiento psicoterapéutico inicial a las víctimas y sus familias, si hace falta. El proyecto implica cinco departamentos del Gobierno –Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Salud, Educación, Justicia e Interior.

La intervención incluye la evaluación psicosocial, la investigación policial, la exploración médico-forense de la víctima, la entrevista, además de informar y asesorar la judicatura y la fiscalía. Los profesionales del servicio intervienen tanto en casos de sospecha como de certeza y ya se han atendido unas treinta víctimas por vía telemática, atendido el contexto de pandemia.