La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), asociación formada por padres y madres que quieren que sus hijos puedan estudiar también en lengua castellana en Catalunya, advierte de que denunciará al Govern si no cumple con la decisión del Tribunal Supremo (TS), que ha reafirmado este martes la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Catalunya, que ya fijó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

"La Generalitat debe cumplir la sentencia de forma inmediata, quien debería instar a hacerlo es el Gobierno de España, porque fue parte del recurso", señala la presidenta de la AEB, Ana Losada.

Según avisa, si la Generalitat no hace caso al TS una vez acabado el plazo para hacerlo (dos meses una vez el TSJC comunique a la Generalitat que la sentencia es firme), entonces entrará la asociación en el proceso, pues "la AEB está legitimada a denunciar su incumplimiento".

Según establece el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia, "cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa", como es el caso de la AEB, que también ha advertido de que si los directores de los centros educativos como el conseller se niegan a acatar el fallo, se enfrentan a la inhabilitación de su cargo porque son funcionarios.

Así pues, Losada insiste: "Estamos moviéndonos en todos los ámbitos". En este sentido, tal y como recuerda, la asociación ya acudió al Defensor del Pueblo para denunciar la situación, y trasladó sus quejas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Ahora están estudiando plantear un escrito a esta Comisión para lograr su apoyo. "Vamos a utilizar todas las vías a nuestro alcance, el Govern de la Generalitat sabe que está acorralado y sin salida", avisa.

De hecho, Losada anuncia que la carta que este miércoles ha mandado el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, a los directores de los centros educativos catalanes, en la que se les pedía no cambiar su proyecto lingüístico docente, es una "prueba" que la AEB utilizará "en su contra".