Representan a más de 330.000 escolares, casi un 30% de la comunidad educativa de Cataluña, y se sienten atacados por el Govern de la Generalitat. El principal motivo es la limitacion que establece el decreto en las inscripciones de los centros. El nuevo decreto prevé que ahora primero se regule la oferta de plazas de cada centro soslayando la demanda y que cada centro tenga que acoger un 60% de alumnos de su zona educativa. Estos nuevos requisitos, perjudican la libertad de la familias  para decidir el colegio que desean para sus hijos" nos parece sangrante el tema de la libertad de educación, el derecho de los padres a escoger escuela se ve limitado con estos dos decretos y con la financiación que prevé el decreto, al final lo tenemos que pagar los padres, lo que provocará más segregación" apunta Josep Manel Prats, presidente de Federació d'Associasions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (FAPAL).

Albert Alegre, presidente de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alunmes de Catalunya (CCAPAC) denuncia "la falta de financiación pública para la cobertura del coste de la plaza, el mismo Departament publicaba una falta de 154 millones de euros. Las familias están preocupadas por qué se pueden aumentar el coste de los alumnos". 

Las entidades consideran que el objetivo de Educació es cambiar el modelo educativo y perjudicar al modelo de escuela concertada," creemos que la voluntad del Govern es modificar el modelo de colaboración público- privado que en Cataluña es tan importante. Por los tanto laminar poco a poco como se demuestra en estos decretos a la escuela concertada aboca a un cambio de modelo que consideremos que no es correcto", advierte Prats.

La obligación que el 60% de los alumnos sean de la zona educativa, consideran que atenta contra la libertad de las familias "no se puede poner un porcentaje e incluso en algunas zonas puede aumentar la segregación si hay la obligación de este cupo, que hasta ahora no existía", coinciden los representantes de las entidades.

Hoy han presentado 154.000 alegaciones pidiendo diálogo y consenso para acometer las reformas educativas.