El Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Grevio) del Consejo de Europa insta Andorra a revisar la tipificación de los delitos de violencia doméstica.

Así lo explica el Consejo de Europa en un comunicado tras la publicación este lunes del informe correspondiente a la primera evaluación sobre la implementación en Andorra del Convenio sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido también como Convenio de Estambul.

Concretamente, el Grevio recomienda que incluir en el Código Penal el delito de agresión sexual cuando no exista el consentimiento y que se revise la escalera de las penas aplicables.

En este punto, el grupo de expertos recuerda que Andorra hizo una "reforma mayor" del Código Penal después de ratificar la Convención, con afectación a formas de violencia como el matrimonio, el aborto y la esterilización forzosos.

A pesar de esta modificación, "la gravedad de las infracciones de carácter sexual continúa siendo evaluada en función del grado de violencia física ejercida y no de la ausencia de consentimiento de la víctima", justifica la petición de modificación.

ATENCIÓN A LAS VÍCITIMAS Y RECOGIDA DE DATOS

Otro aspecto en el que el grupo de expertos del Consejo de Europa detecta carencias es en la atención a las víctimas: la valoración del Servicio de atención a las víctimas de violencia de género "no cubre todas las formas de violencia" contra las mujeres como puede ser el acoso sexual, las mutilaciones genitales o los matrimonios forzados.

En relación con la atención hospitalaria, el Grevio pide garantizar a todas las víctimas de violencia sexual el acceso a servicios especializados, que ofrezcan atención médica, legal y psicológica.

Otra recomendación del Grevio a Andorra hace referencia a la recogida de datos, punto en el que se detectan carencias que "dificultan una evaluación adecuada de la eficacia de las medidas adoptadas" en materia de lucha contra la violencia de género, explica el comunicado.

En este punto, el grupo de expertos pide a las autoridades andorranas poner en funcionamiento un sistema de recogida y publicación de los datos según lo que se establece en la Convención de Estambul.