El juzgado de Primera Instancia número 5 ha condenado a una vecina de Lleida en situación de vulnerabilidad a pagar los 5.357,88 euros que debe a Endesa por facturas impagadas entre el 2015 y el 2018. Según ha avanzado el diario 'Segre', la sentencia tiene en cuenta íntegramente la demanda de la compañía contra la Dolores Ortíz, de 52 años, que el pasado 16 de septiembre se convirtió en la primera persona en Catalunya en ir a juicio por el impago de facturas de la luz. El juez se basa en el argumento de que la ley de pobreza energética evita el corte del suministro a las personas vulnerables pero no exime del pago de la deuda, sino que prevé que las administraciones han de encontrar la solución para sufragar o abonar la cantidad pendiente.

El día del juicio, la Dolores, que está divorciada y hace años que no encuentra trabajo, recibió el apoyo de la Alianza para la Pobreza Energética (APE) que considera la demanda de Endesa como un "chantaje" en plena negociación del convenio entre la compañía el Gobierno. La APE recordó que la población de Cataluña se encuentra en situación de pobreza energética y reclamó a la compañía detener todos los procedimientos judiciales iniciados.

La sentencia no es firme e indica que precisamente porque hay deuda, a Ortíz se le aplica la ley de pobreza energética para mantener el servicio. En este sentido, apunta que "la norma no justifica el impago del contrato, sino que articula mecanismos para facilitar el cumplimiento del vínculo y el pago de los consumos debidos". Asimismo, indica que los protocolos para evitar los cortes, las ayudas a fondo perdido o los descuentos notables en los consumos, se articularán vía acuerdos de colaboración a la Administración ".

El juez añade incluso que es consciente de la compleja situación económica y familiar de Ortíz, que aparte de no tener trabajo padece diversas enfermedades y recibe una ayuda mensual de 430 euros, pero remarca que en la ley de pobreza energética, " no existe ningún precepto "que le exima de pagar.

Ortíz reside en un piso en el barrio de la Bordeta de Lleida, con su hija de 22 años que sufre trastornos alimentarios y de personalidad. El banco se quedó con su piso después de una ejecución hipotecaria pero se pudo quedar tras acordar un alquiler social. Las dificultades económicas también provocaron que comenzara a no poder pagar las facturas de los suministros desde el 2015, momento en el que se dirigió a los Servicios Sociales y obtuvo el informe de riesgo de exclusión residencial, establecido en la Ley 24/2015 , y evitar así el corte.