La audiencia de Girona ha condenado a 21 meses de cárcel por delito de fraudes y exacciones ilegales continuado y 5 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a una funcionaria que trabajaba en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en Figueres en las renovaciones del DNI. La acusada admitió que cobraba una tasa de 10€ y 10,10€ a decenas de personas que estaban excentas de pagarla porque renovaban el documento de identidad cuando lo tenían en vigor.

La resolución recoge que la funcionaria trabajó en el cuerpo general auxiliar de administración general del Estado y estaba destinada a dependencias del Cuerpo Nacional de Policia de Figueres. Era una de las funcionarias encargadas de expedir o renovar el DNI, cobraba las correspondientes tasas exigidas a los ciudadanos que hacían trámites administrativos, y debía ingresar ese dinero de las tasas en las arcas estatales. La sentencia señala “ en el caso que el ciudadano solicitara la renovación del DNI antes de que caducara y se le cambiara algún dato personal, la acusada debía expedir el nuevo documento oficial sin cobrar ninguna tasa, por estar exento de pago”.

Desde el 2009 la funcionaria cobró 10€ a 65 ciudadanos, una suma de 650€. Y desde el 2010 un total de 10,10€ a 47 ciudadanos, 474,70€. En total 1.124,70€.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a las 112 víctimas abonándole a cada una de ellas el dinero que les cobró de forma fraudulenta. Además, el Tribunal acordó la suspensión de la pena por un plazo de 2 años con la condición de que no delinca y el pago de la responsabilidad civil, si incumple alguna de las dos deberá cumplir la pena.