La Audiencia de Barcelona ha rechazado que se investigue el jefe de los antidisturbios de la Policía Nacional, el jefe de Información y el jefe de la brigada provincial de Información en Barcelona por las cargas policiales del referéndum del 1-O a la capital catalana. Los magistrados desestiman la petición de la Generalitat y de varios heridos de investigar a los tres mandos al considerar que no hay indicios de que se dieran órdenes a los agentes para actuar "con contundencia" ni tampoco que se diseñara un operativo "severo y violento". En una interlocutoria consultada por la ACN, la Audiencia confirma la negativa del magistrado instructor, que mantiene como investigados medio centenar de agentes.

Según los magistrados, la supuesta responsabilidad de las lesiones de los ciudadanos es de los agentes y de sus mandos que actuaron en cada una de las escuelas, pero no de sus cabezas que no estuvieron sobre el terreno. Los policías de más rango investigados son los ocho inspectores jefe de la UIP que comandaron sus respectivas unidades en los centros de votación. La Generalitat y acusaciones particulares de los heridos querían ir un paso más allá en la cadena de mando e imputar a los tres mandos máximos -el jefe de la unidad de antidisturbios y los dos de la brigada de Información- al considerarlos responsables del diseño del operativo.

Los casos de "uso de violencia innecesaria y desproporcionada" y de "extralimitación de la fuerza" por parte de los agentes "deben valorarse en cada colegio electoral y en cada caso", remarcan. De hecho, argumentan que la investigación judicial no ha podido encontrar indicios de que hubiera una "instrucción concreta" por parte de los responsables del operativo para actuar "con contundencia o más violencia que la imprescindible" para impedir la votación.

Así, los ocho inspectores jefes investigados han declarado que las órdenes de sus superiores para actuar el 1-O estaban basadas en los principios de proporcionalidad, oportunidad y uso progresivo de la fuerza. Así constaba además en la instrucción previa al 1-O redactada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que ante el juez se responsabilizó del operativo. Sin embargo, ninguna acusación ha solicitado que declare como investigado, recuerdan los jueces.

Las acusaciones, entre otras la Generalitat, ANC, Òmnium y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, también pedían que se investigara el entonces jefe superior de la Policía en Cataluña, Sebastián Trapote, que declararan como testigos otros fines de la UIP y otras diligencias.

La abogada de iridio, Anaïs Franquesa, se mostró en desacuerdo con la denegación de la Audiencia de investigar los máximos jefes del operativo, y cree que todavía hay que investigar más agentes a pie de calle.