La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) pide al departamento de justicia de la Generalitat de Cataluña que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y de las sedes del Poder Judicial. Esta petición llega después de los ataques persistentes de los CDR, que están dejando excrementos y porquería delante de los edificios judiciales. Patricia Brotons, miembro de la directiva de la APM, lamenta que los ataques queden impunes y exige a la Generalitat y a todos los representantes públicos que se condenen este tipo de actos. 

La APM asegura que la presión a la que están sometidos los magistrados está provocando una fuga de jueces en Cataluña. De hecho, este 2018 se ha doblado la cifra de peticiones de traslados, siendo este año 48 los jueces que quieren irse en comparación a los 21 casos del año pasado. Para evitar que esta situación empeore desde la Asociación se pide un complemento salarial que haga más atractivas las plazas de magistrado en Cataluña, una comunidad autónoma que no tiene una tradición de oposiciones a judicatura.

Uno de los casos más destacaos fue el de la organización de la CUP, Arran, que atacó con pintadas la casa del juez Pablo Llarena. Pero también se ha perjudicado los juzgados de hasta ocho ciudades de Cataluña como Girona, Sabadell o Manresa, ensuciando con estiércol y basura sus portales. Los CDR han reivindicado estas acciones difundiéndolo en sus redes sociales.