La falta de un perito ha obligado este miércoles a aplazar por tercera vez el juicio a los seis miembros de Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, acusados de intentar ocupar la sede del PPC en 2017 para exigir un referéndum de independencia.

La Fiscalía acusa a los seis jóvenes de desórdenes públicos por el intento de ocupar la sede del PPC, por lo que pide una multa de 36.000 euros en total, junto con la indemnización por los daños ocasionados, derivados de la retirada de los adhesivos que se pegaron en los cristales del local.

En un acto celebrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde varios simpatizantes de Arran se han concentrado antes de saber que se había vuelto a suspender la vista, la organización juvenil ha denunciado que "están convirtiendo el propio proceso judicial en el juicio".

El proceso judicial se pospuso por primera vez cuando el PPC se retiró como acusación, luego fue suspendido porque el perito estaba de baja, aunque entonces lo comunicó con anticipación, y esta vez ha vuelto a ser por la misma razón, aunque no se había comunicado de forma anticipada.

La Fiscalía acusa a los manifestantes por un artículo incorporado en 2015 en el Código Penal -el 557-, que castiga por desordenes públicos, incluso con penas de prisión, aquellas protestas que se realizan en despachos, oficinas o locales abiertos al público.

La abogada de los acusados, Norma Pedemonte, ha denunciado que este artículo "no se ha aplicado nunca antes por las contradicciones que genera con el derecho de protesta".