Aigües de Barcelona ha informado este lunes que ya ha regulado casi la mitad de las facturas afectadas —más de 165.300— por el Decreto 675/2020 del AMB. La empresa ha sobrecargado el importe de los meses de confinamiento a los usuarios de forma automática a las facturas emitidas desde el 11 de noviembre provocando un encarecimiento "enorme" del coste del agua, tal y como denunció el Ayuntamiento de Barcelona. En este sentido, en una rueda de prensa también este lunes, el vicepresidente del área de Ecología de la AMB, Eloi Badia, ha reconocido que la regularización se alargará hasta mediados de 2021 y ha calificado de "inadmisible" la actitud de Agbar por no avisar previa y correctamente a los usuarios sobre el incremento de las tasas.

La problemática de las facturas surgió durante los primeros meses del estado de alarma cuando Agbar facturó a sus usuarios importes estimados según el consumo de agua durante el mismo periodo del ejercicio anterior, es decir que los usuarios pagaron un importe menor al consumo real. Por lo tanto, Agbar optó por regularizar el importe y lo cargó a un solo recibo; que, según la empresa, fue un periodo en que hubo un incremento medio del consumo en el ámbito doméstico de un 9,6%. Debido a los altos cargos que se aplicaron a las facturas, según el Ayuntamiento, cerca de 340.000 hogares en el área metropolitana se vieron afectados por un sobrecoste de 7,4 millones de euros. Por esta razón, el Ayuntamiento ha asegurado que el proceso de regularización de todas las facturas será "más lento de lo previsto" por la cantidad de tasas afectadas —canon del agua, alcantarillado, consumo de agua e IVA— y por el volumen de consumidores implicados.

Siguiendo esta misma línea, Badia ha calificado de "inadmisible" la actitud de Agbar por no haber facilitado una información completa de las “irregularidades en el cobro del recibo”. En este sentido, el vicepresidente de Ecología ha resaltado que a algunos usuarios se les ha mentido respondiéndoles que “el problema provenía de la tasa de residuos", por lo que, la Agbar podría llegar a enfrentarse a un expediente sancionador si se verifica que la información que facilitó la empresa era incorrecta, ha añadido Badia.