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Suspenden a un policía por pedirle el teléfono a una mujer a cambio de no multarla en Tarragona

El agente de la Guàrdia Urbana ha sido suspendido temporalmente por acoso

Coche de la Guàrdia Urbana

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 12 ago 2022

El Ajuntament de Tarragona ha suspendido temporalmente a un agente de la Guàrdia Urbana por un posible caso de acoso a una mujer el pasado verano. El agente será apartado de sus funciones durante un año, cuatro meses y dieciocho días, con la pérdida de las retribuciones correspondientes. Sin embargo, el infractor se encuentra de baja médica y se esperará al alta para aplicar la sanción. El afectado ya ha pedido la suspensión cautelar de la ejecución de esta.

Todo empezó en julio de 2021, cuando dos agentes patrullaban por el barrio de Sant Pere i Sant Pau. Allí, uno de ellos alertó a una mujer de ponerle una multa por un mal estacionamiento. Seguidamente, se le acercó el otro y le ofreció quitarle la multa a cambio de darle su número de teléfono.

La víctima se negó de primeras, pero acabó cediendo ante la insistencia del policía. Tras hacerse con él, el agente le habría enviado varios mensajes a través de WhatsApp.

Finalmente, la chica contactó con un alto cargo de la Guàrdia Urbana y le explicó lo sucedido. Desde el cuerpo le requirieron para declarar en la comisaría, donde la víctima quiso dar a conocer lo sucedido, pero sin denunciar. Así pues, el caso no se pudo tratar por la vía penal.

El otro agente, cómplice de los hechos, ayudó al cuerpo esclareciendo todo lo que pasó y, así, poder avanzar con la investigación.

El instructor abrió diligencias reservadas y puso en marcha algunas medidas cautelares. Una de ellas fue la retirada del arma al agente investigado. Además, también le abrió un expediente disciplinario “por haberse, presuntamente, aprovechado de sus funciones policiales”.

Las medidas cautelares se alargaron hasta septiembre del año pasado, cuando el agente implicado cogió la baja laboral, la cual sigue todavía vigente.

PROTOCOLO EN MARCHA

La Guàrdia Urbana, liderada por Cristina Guzmán, concejal de Seguretat Ciutadana del Ajuntament de Tarragona, elevó los hechos al departamento de Recursos Humans del consistorio, quién tenía la competencia para resolver el caso. Allí decidieron abrir una comisión de evaluación (de carácter interno) de lo ocurrido, siguiendo el protocolo del Ajuntament.

La comisión determinó la sanción, que se aplicará cuando el agente tenga el alta y vuelva a trabajar, siempre que su petición de suspender la ejecución de la sanción no tenga recorrido.



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