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Adrià Carrasco vuelve a Barcelona tras huir de la Guardia Civil en 2018 a Bélgica

Su grupo de apoyo anuncia que se ha archivado la causa iniciada por presunto terrorismo

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:56

El miembro de los CDR que ha estado en Bélgica desde 2018, Adrià Carrasco, donde huyó para impedir una detención de la Guardia Civil, ha regresado a Barcelona después de que su causa judicial ha sido archivada.

Lo ha explicado este lunes junto a su grupo de apoyo en una rueda de prensa frente al Palacio de Justicia, en la que también han llamado a manifestarse a las 19.30 horas frente al Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona), la ciudad del joven, para una 'concentración de bienvenida'.

El 10 de abril de 2018, la Guardia Civil no encontró al joven en su domicilio cuando fue a detenerlo para que testificara ante la Audiencia Nacional junto a la también miembro del CDR, Tamara Carrasco, quien fue acusada de terrorismo, pero finalmente absuelta de todos los cargos.

Unos dos meses después, el grupo de apoyo a Adrià Carrasco explicó en declaraciones a los medios que el joven había huido al extranjero.

El dispositivo para su detención se enmarcó en la operación 'Cadera': agentes de la Guardia Civil acudieron al domicilio de Adrià Carrasco, al que no encontraron, y al de Tamara Carrasco, en Viladecans (Barcelona), a quien detuvieron.

Adrià Carrasco estaba acusado de los presuntos delitos de rebelión y terrorismo, y su grupo de apoyo explicó que había abandonado el país para tener "ciertas garantías".

La Audiencia Nacional envió la investigación a los juzgados catalanes al no apreciar un posible delito de terrorismo, ante lo que la defensa de Carrasco pidió que se retiraran todos los cargos.

"HACE 1.007 DÍAS"

En la rueda de prensa de este lunes frente al Palacio de Justicia, el grupo de apoyo al joven ha leído un manifiesto en el que ha expresado: "Hace 1.007 días la Guardia Civil golpeaba la puerta de la casa de Adri. Fue la puerta de Adrià Carrasco, pero podría haber sido la puerta de cualquiera".

Han reprochado que "el Estado se sirve de montajes policiales para defender sus propios intereses criminalizando cualquier forma de disidencia", y han afirmado que se vulneran los derechos fundamentales de manifestación, libertad de expresión y derecho a la vivienda.

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