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La ACR ve un "intento de privatización" de radios municipales y el Govern lo niega

El Govern dice que "en ningún caso es una privatización del servicio"

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:25

La Associació Catalana de Ràdio ha considerado un intento de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat de "privatización de las radios municipales y de blanquear las cesiones ilegales realizadas" en su borrador de decreto ley para adaptarse a la directiva europea audiovisual, y el Govern ha asegurado que no supone una externalización de los servicios audiovisuales locales, sino que prevé que los entes locales puedan encargar su gestión a un tercero, sea privado o una entidad social.

En un comunicado, la ACR ha señalado que en el proyecto de decreto ley que prepara la Generalitat "de paso quiere forzar la norma para legalizar las cesiones de explotación a empresas privadas de las frecuencias municipales de Catalunya".

La ACR ha recordado que en otras ocasiones ha denunciado ante el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y en los juzgados, en caso de que el organismo regulador no ha actuado, las cesiones de explotación de las que sus asociados han tenido conocimiento.

Ha afirmado que la Ley de Comunicación Audiovisual de Catalunya establece que las radios municipales se deben gestionar directamente y permite utilizar solo algunos recursos externos.

La ACR ha considerado que ello supone facilitar "por la puerta de atrás, el acceso a la actividad radiodifusora de nuevos operadores privados, y al margen del sistema legal establecido", y ha hecho llegar las últimas sentencias que ha logrado al CAC y a los secretarios de los ayuntamientos catalanes para evitar incumplimientos de la norma.

REFORMA DE LA LEY

Fuentes de la Conselleria de Presidencia han asegurado a Europa Press que la posibilidad que contempla el decreto ley de reforma de la Ley de comunicación audiovisual catalana, que no tiene fecha para ir al Consell Executiu, de encargar la gestión de estos servicios a un tercero se haría siguiendo la normativa de contratación pública, por medio de un concurso.

Han asegurado que "en ningún caso es una privatización del servicio", ya que la titularidad permanece en el ente local correspondiente.

El decreto establece que la propuesta de determinación del régimen de gestión indirecta y el régimen jurídico del contrato los tiene que aprobar el órgano plenario correspondiente por mayoría cualificada de dos tercios, se tienen que someter a información pública y el CAC debe realizar el informe preceptivo.

Las mismas fuentes han remarcado que el proyecto de ley estatal que se está elaborando para poder efectuar la transposición de la normativa europea a la estatal también contempla la gestión indirecta y el modelo de colaboración público-privado.

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