a Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha gestionado, hasta la fecha, un total de 1.650 denuncias por el incumplimiento de la normativa vigente en materia de salud pública y para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Concretamente, la Guardia Civil ha expedido 1.271, la Policía Nacional 208, la Policía Local 157, el Servicio Territorial de Sanidad 13 y el Servicio Territorial de Cultura 1. En cuanto a la competencia para su tramitación, a la Junta de Castila y León le corresponden 225 (139 en la Sección de Interior, 45 al Servicio Territorial de Sanidad, 1 al de Cultura y 40 a la Agencia de Protección Civil).

La delegada territorial, Clara San Damián, ha vuelto a hacer un llamamiento a los ciudadanos para que cumplan con las medidas de las autoridades sanitarias. “Es imprescindible la colaboración de todos para poder frenar el virus y así evitar la saturación de los hospitales. Por ese motivo, todos debemos ser responsables para reducir esta cantidad tan elevada de sanciones y la mejor manera es ejerciendo nuestra responsabilidad individual y cumplir la normativa vigente”.

Las sanciones a aplicar van desde los 100 euros por mal uso o no llevar mascarilla, los 600 por incumplir horarios de cierre en hostelería, los 3.000 euros por no respetar las normas sobre aforos, a los 6.000 o 9.000 euros por incumplir medidas de higiene, como falta de geles, ventilación, distanciamientos, en centros de trabajo. Además, destacar que existe una reducción del 40% del importe de la sanción si el pago se realiza dentro del periodo voluntario.

En ese sentido, señalar que ya se está efectuando el abono de las sanciones en el caso de la denominada fiesta en Vime de Sanabria con 126.000 euros de multa para el promotor de la fiesta ilegal y 3.001 euros para cada uno de los 91 asistentes expedientados, así como en otro tipo de infracciones.

Ayuntamientos y Diputaciones

Por otro lado, recordar que según la normativa vigente del pasado 22 de octubre de medidas urgentes para reforzar el control y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, son los Ayuntamientos las administraciones encargadas de la “la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores y de los recursos administrativos, debidos al incumplimiento por los ciudadanos de la obligación del uso de las mascarillas o uso inadecuado de las mismas en las vías, lugares públicos, espacios al aire libre y en los vehículos, cuando el uso sea obligatorio, dentro de su término municipal”.

En este sentido, los alcaldes también tienen reconocida la condición de ‘autoridad sanitaria’, según la legislación sectorial sanitaria, y las Diputaciones provinciales, a solicitud de ayuntamientos que carezcan de los recursos personales precisos para la tramitación de los procedimientos, les prestarán la asistencia jurídica y técnica necesaria de gestión cuando aquellos se la encomienden