“Yo me puse AstraZeneca y quiero que mi segunda vacuna sea de AstraZeneca”. No es su caso el que se dirime al tener la consejera de Sanidad de Castilla y León más de 60 años. Pero Verónica Casado ha querido expresas con esas palabras su confianza en este fármaco para apuntalar la postura que defenderá Castilla y León este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: inocular una segunda dosis de AstraZeneca a los trabajadores esenciales menores de 60 años que ya recibieron la primera.

Para Casado, médico de profesión, la combinación de vacunas —concretamente Pfizer y AstraZeneca— que defiende el Ministerio de Sanidad “no está demasiado blindada científicamente”.

En este sentido, ha arremetido contra el Ministerio por ampararse en un estudio, el llevado a cabo por el Instituto de Salud Carlos III, que “no dirime cuestiones de seguridad” y únicamente resuelve un hecho “evidente”, según Casado, como es un incremento de la inmunidad frente al COVID-19 entre quienes han recibido dos dosis de la vacuna frente a quienes solo han recibido una.

Para Casado debe imperar la opinión de los técnicos de Salud Pública, favorables a “que se pongan las segundas dosis con AstraZeneca”. Así como el criterio de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que “no recomienda" combinar vacunas, ha advertido Casado, y “ya resolvió todas las dudas” en torno a la vacuna de AstraZeneca.

Suministro insuficiente de Pfizer

En Castilla y León hay más de 70.000 trabajadores esenciales menores de 60 años a la espera de saber con qué fármaco se completará su pauta de vacunación frente al COVID-19.

Casado avanza “dificultades” en caso de que llegara a imponerse el criterio del Ministerio de Sanidad. “Si se decidiera que se tiene que poner Pfizer”, ha explicado, “yo necesito ya 110 bandejas de Pfizer”. "Y no las tengo", ha zanjado. Lo que abre la puerta a que sea este jueves el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, a quien la propia Casado trasladaría esta situación, quien adopte la resolución definitiva.