Personal sanitario, empleados bancarios, empresas de limpieza, repartidores o cajeros de supermercado son algunos de los colectivos que siguen trabajando este lunes, tras la entrada en vigor de las restricciones a la actividad no esencial aprobadas por el Gobierno para tratar de contener la expansión del COVID-19. También todos los trabajadores participantes en la cadena de abastecimiento y transporte de productos de primera necesidad para la población, así como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las obras de construcción deberán cesar, así como todas las actividades relacionadas: despachos de arquitectos, inmobiliarias y demás. No podrán funcionar las industrias que no estén directamente relacionadas con los servicios esenciales. Es decir, todas las fábricas que no hayan adaptado su producción a la fabricación de material sanitario deberán cerrar.

Cero actividad, cero ingresos. Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) , rechaza dicho cese de actividad y reclama que también se paralicen los gastos de las empresas, porque la situación para ellos va a peor. “Nos hablan desde el gobierno de 'hibernar' la economía. De momento, con esta medida, solo se ha hecho en la parte de los ingresos. Pero ¿y los gastos? Los gastos no están 'hibernando' y eso va a suponer la ruina para muchas pequeñas empresas”.

En relación a la gran solicitud de expedientes de regulación temporal de empleo, De Miguel denuncia “la falta de respuesta por parte de la Administración y el constante cambio en los procedimientos, los que va a perjudicar sensiblemente a los trabajadores, quienes va a tener problemas serios de liquidez al no disponer del dinero de los subsidios de una forma inmediata”.

En cuanto al Permiso Retribuido Recuperable, la CVE declara que entendemos que el Estado debería asumir, al menos, en un 75% su coste. No se puede cargar toda la responsabilidad económica sobre empresas, autónomos y pymes”.