Los 120 rastreadores que el Ministerio de Defensa ha asignado a Castilla y León —la Junta había solicitado 245— han comenzado esta tarde las labores encomendadas. Estos se suman a los 622 rastreadores habilitados desde la propia Comunidad, un 35 por ciento más de los recomendados por el Ministerio de Sanidad.

En principio, y por decisión del Gobierno autonómico, operarán para las áreas de salud de Valladolid y Salamanca. Donde, precisamente, este jueves ha comenzado una prórroga de las medidas de contención adoptadas por la Junta para frenar la trasmisión comunitaria. Lo harán en grupos de 40 militares y en turnos de mañana, tarde y noche.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, los rastreadores activados por el Ministerio de Defensa se encuentran en la Base Conde de Gazola del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Y, por el momento, están operando un total de 30.

Valladolid y Salamanca son las zonas donde el Gobierno autonómico ha detectado una mayor "presión". Sin embargo, el área de trabajo de estos rastreadores militares podrá variar, según la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en función de la situación epidemiológica. "Las decisiones se irán adoptando semana a semana", ha explicado Casado.

Nueva prórroga

La declaración de un Estado de Alarma para Valladolid es la última opción. La consejera de Sanidad cree "firmemente" que las restricciones adoptadas a comienzos del mes de septiembre ayuden a frenar el avance del COVID-19.

Sin embargo, y pese a informar en un primer momento de que la prórroga de las medidas de contención tendrían "como máximo" una duración de siete días, el Gobierno autonómico no descarta ahora, si fuera necesria, una segunda.

A su paso por Herrera en COPE Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha reconocido encajar con "resignación" esta prórroga. Una decisión sobre la que ya se ha pronunciado en favor de la Junta el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Valladolid, al entender "urgentes" y "necesarias" las restricciones que conlleva.

"Era de esperar que las medidas se alargasen", ha reconocido Puente. Pese a ello no entiende "algunos de los aspectos de las mismas". A su juicio, "no contribuyen a mejorar la salud de los ciudadanos" mientras "se permita la apertura de los centros comerciales o, que en localidades limítrofes como Zaratán o Arroyo de la Encomienda, sí que se puedan hacer este tipo de actividades cuando somos una realidad metropolitana".

Puente ha vuelto a arremeter por las formas en que, según él, ha tenido constancia de las decisiones de la Junta. "Por el Boletín Oficial y los medios de comunicación", se ha lamentado.

Ante estas afirmaciones, Casado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha explicado que la decisión se adoptó a las 10 de la mañana del miércoles. Entonces, según la versión de la consejera, llamó a los alcaldes de los municipios afectados: Valladolid y Salamanca. "No pude contactar con ninguno de ellos en ese momento", ha relatado. Uno de ellos —el edil vallisoletano, Óscar Puente— estaba en un pleno. "Esperé la devolución de la llamada", ha proseguido. "Uno de ellos —no especifica quién— la devolvió. La otra persona, no". "Lo que no podíamos era esperar más", se ha justificado, "y a las 10 y media lo mandamos para que se publicara".