El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ha publicado este miércoles las bases reguladoras de las subvenciones directas con cargo a los 232 millones de euros transferidos por el Gobierno de España. “La segunda menor ayuda”, se ha lamentado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, de entre los 7.000 millones de euros consignados para el conjunto de las comunidades autónomas.

La Junta prevé conceder el máximo previsto en el Real Decreto, 3.000 euros de ayuda, a los autónomos, pequeños empresarios y profesionales que coticen por módulos. “La idea”, ha asegurado Fernández Carriedo, “es que nadie cobre menos”.

Para aquellos que coticen por estimación directa, la cuantía de la ayuda será de un mínimo de 4.000 euros. Sin perjuicio de que pueda ampliarse en función de la caída en el volumen de su actividad, que deberá ser al menos de un 30 por ciento.

Ayuda a sectores “olvidados”

La Junta de Castilla y León ha decidido ampliar en 89 más, hasta los 184, los sectores beneficiarios de estas ayudas directas. Sectores “olvidados”, como los ha calificado el consejero de Economía y Hacienda, por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tales como las peluquerías, las autoescuelas, las academias de enseñanza, los talleres de reparación de vehículos o el transporte de mercancías por carretera.

El Gobierno autonómico espera que los 232 millones de euros alcancen para llegar a 70.000 empresarios. “Pero es un cálculo orientativo”, ha advertido Carriedo. Del número de solicitudes dependerá que la Junta amplíe esta cuantía con cargo a las arcas de la Comunidad. Un supuesto previsto “expresamente” en la redacción de la Orden publicada en el BOCyL.

Frenar el endeudamiento por el COVID-19

Las ayudas se podrán solicitar desde este jueves, 20 de mayo, hasta el domingo 6 de julio. Aunque se irán abonando a medida que se vayan resolviendo, sin esperar a que culmine el plazo máximo fijado para el 31 de diciembre de 2021.

Su destino no podrá ser otro que el pago a proveedores o de créditos, con el objetivo de reducir el endeudamiento generado por el COVID-19 y mejorar la solvencia de los sectores afectados por la pandemia.

Quienes resulten beneficiarios de este nuevo paquete de ayudas deberán mantener su actividad, al menos, hasta el 30 de junio de 2022. “No es una ayuda para cerrar la empresa”, ha advertido Fernández Carriedo, “es una ayuda para mantenerla abierta”. Tampoco podrán repartir dividendos en ese tiempo ni aumentar las retribuciones de los órganos directivos.