El Pleno ordinario del mes de septiembre de la Diputación de Valladolid ha recuperado la celebración presencial de todos los diputados provinciales por primera vez desde el inicio de la pandemia. En la sesión se han aprobado sendas proposiciones del Grupo Provincial Popular y del Grupo Provincial Socialista en defensa de la recuperación de un servicio público sanitario en el medio rural de calidad y presencial, así como en defensa de la sanidad pública y la apertura de todos los consultorios médicos de la comunidad y la atención presencial.

En concreto, y tras un “intenso” debate, se aprobaron por mayoría los cuatro puntos de la proposición presentada por el Grupo Provincial Popular, en los que, en primer lugar, se insta la Junta a la apertura de todos los centros de salud y consultorios rurales de la provincia, garantizando “una atención presencial” en todos los municipios, y buscando el “consenso” en cualquier decisión organizativa sanitaria que se tome en el futuro.

En el segundo punto, se insta a la Junta a que dote de los “mejores” medios técnicos y humanos para mantener la calidad de un servicio público esencial como es el sanitario. Asimismo, en el tercer punto se insta al Gobierno de España a tomar las medidas “necesarias” para facilitar que pueda atenderse de forma suficiente la demanda de profesionales de la sanidad, garantizando que se mantenga la cualificación y preparación de dicho colectivo. Y por último se insta al Gobierno de España a aumentar el cupo del MIR en la región, previendo la mayor demanda de facultativos que se producirá en los próximos años, debido a las jubilaciones de muchos profesionales.

Se aprobó también parcialmente la proposición presentada por el Grupo Provincial Socialista. En concreto, los puntos correspondientes a instar a la Junta a que se proceda “de inmediato” a la reapertura “efectiva” de los consultorios locales con la frecuencia anterior a la pandemia y que las consultas de medicina y enfermería vuelvan a ser “presenciales”, tanto en el medio rural como en el urbano.

Se considera “imperdonable” el retraso que acumulan la mayor parte de las actuaciones contempladas en el último plan de infraestructuras sociales prioritarias y se reclama a la Junta de Castilla y León que apruebe un nuevo plan en el que se incorporen todas las infraestructuras sanitarias y equipamientos que son esenciales para ofrecer una atención sanitaria de calidad y mantener la equidad territorial.

Por último, se insta a la Junta de Castilla y León para que, de manera “inmediata”, apruebe un plan de choque para la reducción de listas de espera, y se considera que la Comunidad garantice por ley unos tiempos de espera máximos para la atención sanitaria hospitalaria programada y no urgente.