El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital vuelve a los tribunales. Nueva demanda contencioso-administrativa al considerar que la contratación del hermano de Gina Aguiar para la asistencia técnica en La Cárcel_Centro de Creación constituye un nuevo ejemplo de fragmentación en contratos menores de lo que debería haber sido una licitación del servicio. Una tesis similar a la empleada en el caso Trípode, en el que el juzgado indicó esa irregularidad, relativa a la contratación para la dirección y gestión del festival de cine.

El portavoz del PP, Pablo Pérez, ha asegurado que la alcaldesa, Clara Luquero, ha mentido al afirmar que el contrato con Luis Aguiar para ese servicio técnico en La_Cárcel estipula un número concreto de bolos o jornadas y que, por eso, las actividades que se programan a mayores en el espacio se facturan aparte. Según los populares, el expediente de contratación no refleja ese número de jornadas. Los populares insisten en que se trata de una fragmentación de contratos, de manera intencionada.

El juez debe determinar ahora si admite o no a trámite esa demanda. En caso de hacerlo, también señalará la fecha para la vista. El viceportavoz del PP, Marco Sandulli, ha criticado las dificultades y demoras con las que les permiten el acceso a los expedientes. Considera que el objetivo es impedir la opción de presentar una demanda, por haberse agotado los plazos. Sandulli insiste: hay una fragmentación artificiosa de los contratos para ese servicio técnico en La_Cárcel desde hace años. Y hacer esa serie de contratos menores impide una licitación que aseguraría el empleo más eficaz de los recursos municipales, según ha argumentado.

Además, Sandulli ha hecho hincapié en el que el parentesco entre Luis y Gina Aguiar supone una causa clarísima de prohibición para contratar, que ha sido obviada por el equipo de gobierno. Esta es la opinión de la alcaldesa, Clara Luquero, sobre que el PP acuda a los tribunales.

Pero los populares van más allá y sostienen que ha habido dobles pagos a Luis Aguiar por lso servicios técnicos en La Cárcel_Centro de Creación. Y no solo por parte de asociaciones o entidades externas, que desarrollen actividades en el espacio fuera de la programación municipal. Sino por parte de departamentos municipales, como el Instituto Municipal de Deportes. Pablo Pérez ha aludido a varias facturas. Algunas anteriores a 2017 y ha esgrimido el ejemplo de otra de 2020.

El grupo del PP reitera que Gina Aguiar debe dejar el Ayuntamiento. Mientras, el PSOE ha contraatacado con la duda sembrada en torno al nombramiento de Marco Antonio Costa como director del Teatro Juan Bravo. Costa es actualmente también concejal del PP en el Consistorio y su portavoz, Pablo Pérez, ha invitado a los socialistas a que acudan también al juzgado si tienen dudas.

Una posición parecida ha mostrado el vicepresidente primero de la Diputación y responsable del Área de Cultura en el que se inserta el Juan Bravo. José María Bravo no ha disimulado su malestar con el proceder socialista. Además, Bravo ha recordado que la plaza de dirección del teatro lleva creada años y que nunca se ha tenido en cuenta la titulación, sino la idoneidad y vínculos con la programación cultural. Ha puesto el ejemplo de Toñi Arranz. Dirigió el espacio durante años, con influencia del PSOE, según ha apuntado.