La protagonista de este Espejo ha sido la educación. En medio de la pandemia y las incertidumbres que la acompañan, la LOMLOE o mal llamada ley Celaá es de las muy pocas cosas en España que avanza con paso firme e inexorable, quemando etapas de su tramitación parlamentaria, tanto como sembrando dudas y malestar entre gran parte de la sociedad civil.

En su editorial, Marta pasa revista a algunas de las características de esta propuesta de ley que nace sin debate alguno con las instancias académicas y que coarta la libertad de los padres en la elección del tipo de educación que quieren para sus hijos, y se plantea, como madre, algunos interrogantes sobre el modelo educativo que va a guiar sus pasos más pronto que tarde.

Juan José Raya es el director del Colegio Claret de Segovia, uno de los cuatro centros concertados de la ciudad y el único invitado de este programa especial. Con él repasamos la situación actual que parte de la sorpresa que ha causado la tramitación acelerada e innecesaria de una ley con la que tanto nos jugamos en medio de una situación de excepcionalidad social nunca antes conocida. Afirma con contundencia que lo que ahora se está debatiendo y cuestionando no es una ley sectorial, sino la Constitución española y el propio modelo de Estado. Nos estamos jugando, más allá de planteamientos pedagógicos, el concepto de educación y el papel de las familias y del Estado en la misma. Corremos el riesgo de caer en una planificación estatal con toques totalitarios.

Nos explica que eliminar el criterio de demanda social para la obtención de los conciertos educativos por parte de los centros, deja a estos en una situación de enorme debilidad. Además, será la Administración la que planifique los puestos escolares y las familias, los padres, no podrán decidir dónde estudiarán sus hijos, lo que va directamente contra el artículo 27 de la Constitución. Y todo esto, apurando plazos y sin haber mediado consulta alguna con la comunidad educativa.

Se lamenta Juan José de que todavía no exista un modelo educativo de consenso tras sucesivas leyes promulgadas por partidos políticos distintos, todas las cuales han dejado mucho que desear. Se reafirma en la necesaria coexistencia de la educación pública y concertada y recuerda que son ya más de un millón y medio de firmas las que ha conseguido la plataforma “Más Plurales” contra la LOMLAE, lo que refleja a las claras el sentir de la sociedad civil contra los planteamientos ideológicos en esta materia.

En la sección El Laico ante el Espejo, David nos refresca “cuatro verdades” previas relativas al asunto que pueden aclararnos algo el paisaje. Una, la educación es un bien básico para la sociedad pero, a pesar de ello, en nuestro país no existe un modelo educativo claro y perdurable. Dos, el enfrentamiento entre lo público y lo privado es una falacia: lo público no es patrimonio del Estado. Tres, la libertad es una conquista social y un derecho que debe ser amparado por el Estado en todos los ámbitos de decisión de la persona. Y cuatro, no sólo la

Constitución sino la declaración universal de los Derechos Humanos establece sin ambigüedades el “derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Educación, libertad, servicio público y derechos humanos: cuatro verdades elementales y limpias de ideologías que deberían despejar el camino e iluminar a los legisladores a la hora de articular un modelo educativo al servicio de toda la sociedad. ¿Se están teniendo en cuenta?