Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento han respaldado la moción que aboga por instar al gobierno central a no implantar el pago de tasas por transitar en las vías de alta velocidad.

El plan del Gobierno para convertir las autovías en vías de pago mediante peaje, supondría un revés económico para miles de salmantinos que utilizan habitualmente las autovías para desplazarse. Un agravio especialmente preocupante en un momento en el que muchas familias atraviesan por dificultades económicas como consecuencia de la pandemia.

Esta medida afectará negativamente a Salamanca como punto estratégico de comunicación y como provincia que recibe anualmente a millones de turistas que se desplazan por carretera. De igual modo a los autónomos, transportistas y empresas, que se verán obligados a afrontar mayores gastos en el transporte de productos y de sus propios empleados, por lo que mostrarán su rechazo en el pleno.

La provincia de Salamanca se encuentra actualmente vertebrada por tres grandes autovías: la A-66, que conecta con el norte y el sur de España; la A-62, que cruza la provincia de este a oeste y que constituye una de las principales vías para el transporte de mercancías de toda Europa al conectar con Portugal; y, por último, la A-50, que conecta con Ávila y Madrid.

De aprobarse esta medida los salmantinos nos veríamos obligados a afrontar un peaje de unos 7 euros para desplazarnos a Zamora, de 10 euros hasta la frontera con Portugal, de 12 euros para acudir a Cáceres o de unos 7 euros para desplazarnos a Madrid a través de Ávila sin contar con lo que ya se paga en el peaje de la AP-7.

También coinciden los todos los grupos municipales en instar al Gobierno a arbitrar de inmediato las compensaciones correspondientes a las entidades locales, por la liquidación del IVA correspondiente a 2017. La implantación del nuevo sistema de gestión del IVA por parte de la Agencia Tributaria provocó un desplazamiento de ingresos del Estado por la recaudación de este impuesto de 2017 a 2018 y un adelanto de las devoluciones, lo cual afectó de manera importante a la caja del Estado.

Esta medida tuvo una repercusión negativa en la liquidación definitiva de la PIE correspondiente a 2017, pues afectó negativamente al cálculo final de las cantidades a percibir por las entidades locales por la cesión de la recaudación del IVA y por el Fondo Complementario de Financiación. En este contexto, la FEMP ha calculado que el perjuicio para la Administración Local en su conjunto podría cuantificarse en algo más de 750 millones de euros.

El pasado 19 de abril, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que obligaba al Gobierno de España a compensar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León el desequilibrio financiero que ésta habría sufrido como consecuencia de lo anteriormente expuesto, entendiendo que se había producido una vulneración de la autonomía financiera y que la negativa del Gobierno a atender las peticiones de la Junta de Castilla y León en orden a solucionar esta situación había sido contraria al principio de lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre administraciones.