La junta ha aprobado una ayuda de urgencia de cerca de tres millones de euros para provisiones de material en las residencias. Los equipos de protección son vitales para evitar la expansión, en la primera ola ya falleció un trabajador y dos terminaron en la UCI en una de las residencias dependientes de la junta en Salamanca. Ahora mismo hay material para unas cinco semanas, Manuel González de Comisiones Obreras sobre las previsiones destaca que cuando entra en las residencias el virus es muy difícil "sacarlo" y que aunque los materiales de protección tengan un coste elevado son fundamentales debido a la debilidad de la población que reside dentro de este tipo de centros.

Dos declaraciones de emergencia a propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, presidida por Isabel Blanco. Una de ellas, para la contratación del suministro de material de protección para las residencias de personas mayores, por un importe de 2,23 millones de euros, mientras que la segunda contempla la adquisición de cinco millones de guantes de nitrilo por un importe de 510.000 euros. En cuanto a la contratación del suministro de material de protección, las destinatarias han sido las residencias de personas mayores dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este suministro incluía siete millones de unidades de guantes de vinilo, 360.000 unidades de mascarillas quirúrgicas, otras 300.500 unidades de mascarillas FFP 2, y 124.000 unidades de batas de protección.

Pero esta no han sido las únicas ayudas aprobadas. El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León contará con 1,02 millones de euros, destinados por la Junta, para impulsar su programa de apoyo al emprendimiento, la consolidación empresarial y la competitividad del tejido productivo de la comunidad, con el que impulsar la actividad económica frente a la desaceleración económica causada por la crisis sanitaria. También Cruz Roja recibirá unos 1,7 millones para financiar los gastos de los programas y actividades destinadas a la protección a la infancia e inclusión social en la comunidad, vinculados a la Red de Protección, y apoyo a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.