La Sala ha ratificado las medidas sanitarias adoptadas para los municipios de Palencia, León y San Andrés del Rabanedo. Unas restricciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en el ejercicio de sus competencias dentro del marco del Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. Un plan aprobado, entre otras normas, al amparo La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, establece en su artículo 1 que, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la propia Ley, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

En el caso de Palencia y San Andrés del Rabanedo, aunque no resultaba obligatoria su adopción en ejecución de la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 2020 por razones de población, la situación epidemiológica y sanitaria respondía a los otros criterios tenidos en cuenta en la referida Orden, lo que ha quedado justificado con el informe epidemiológico aportado.

En cambio, León sí se encuentra bajo el amparo de la Orden del Ministerio de Sanidad para municipios de más de 100.000 habitantes, adoptada previa reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al amparo de lo previsto en el art. 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, toda vez que:

La declaración de actuaciones coordinadas aprobada por el Ministerio de Sanidad es de obligado cumplimiento por todas las partes incluidas y no consta que se haya suspendido su ejecutividad.