El procurador socialista por Palencia, Jesús Guerrero, defiende hoy en el pleno de las Cortes incrementar por parte de la Junta de Castilla y León las partidas presupuestarias en materia educativa para el próximo año, hasta alcanzar en sucesivas anualidades al menos el 4 % del PIB de la Comunidad en el ejercicio 2023.

Desde el PSOE argumentan que "las consecuencias de la pandemia de la COVID 19 han impactado en todos los ámbitos de nuestra vida, poniendo a prueba muchos servicios públicos, también los educativos. Y como en la sanidad o los servicios sociales han sido las y los docentes los que consiguieron que se culminara el curso pasado 2019-2020 satisfactoriamente, como lo están haciendo en la puesta en marcha del presente curso 2020-2021, con su profesionalidad, con su entrega e incluso con muchos de sus medios personales.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Su gestión ha ido siempre por detrás, con clara improvisación en la planificación e implementación de medidas que garantizaran la seguridad de la salud de las y los docentes, y de las y los alumnos en los centros educativos de la Comunidad. Los procesos para contratar más profesorado se han gestionado con mucha tardanza de manera que en muchos colegios e institutos han estado semanas sin cubrir todas sus plazas. Especialmente problemático ha sido en muchas especialidades de Formación Profesional".

A todas estas carencias que expone el procurador del PSOE añade "la errónea decisión de privatizar la realización de las PCRs en los centros educativos que ha supuesto un importante retraso en las pruebas como ha ocurrido en los colegios públicos de Guardo o en el “Modesto Lafuente” de la capital, donde se practicaron los test varios días después que en los centros de salud".

Para Guerrero esta situación supone un ejemplo más de la ineficacia de lo privado y una oportunidad más de hacer negocio por parte de algunos en tiempos de crisis. Este mismo problema se está generando con la vacunación de la gripe a los docentes, ya que la escasez de unidades ha paralizado la campaña entre el personal educativo, dándose la “casualidad” de que la empresa encargada es la misma que la que realiza las PCRs