El Ayuntamiento de la capital deberá pagar 25 millones de euros a la Diputación de Palencia por el conflicto de la calle Jardines, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque la decisión no es firme y se puede presentar un recurso de casación en un plazo de 30 días ante el Tribunal Supremo. La decisión se dio a conocer hoy en una comparecencia conjunta del alcalde y la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén y Mario Simón.

En ese sentido, Armisén afirmó que la Diputación "quiere manifestar la voluntad para resolver este conflicto y la voluntad de acuerdo ahora con una sentencia que establece unos criterios jurídicos determinados para el cumplimiento de ese convenio y esa disposición de dar todas las facilidades para que el cumplimiento y la finalización de este convenio y la gestión del mismo, que se inició en 2007, pero su firma se llevó a cabo en 2010". Es decir, que se ponga fin con "todas las facilidades y con el menor impacto posible para el Ayuntamiento, trabajando siempre en favor de todos los ciudadanos".

"Primero hay que esperar que la sentencia sea firme. Vamos a esperar esos 30 días y respetar el criterio jurídico que decida el Ayuntamiento de Palencia. Mientras no sea firme no hay ningún plan encima de la mesa". Aun así, la Diputación "va a estar abierta a la total disposición de las obligaciones de una manera flexible", con el objetivo de poner fin a un conflicto abierto durante más de diez años, apuntó.

Por su parte, el regidor palentino señaló que en una "controversia" y situación como la actual, lo primero es "dar la cara y mantener informada a la opinión pública de cómo transcurren los acontecimientos". En el día de ayer se tuvo conocimiento y notificación del fallo y de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en la que se dice que "se debe de cumplir íntegramente el convenio, una posición contraria a la que había mantenido el Consistorio".

"Lo primero que tenemos que hacer las instituciones y los responsables públicos es respetar las decisiones judiciales", quien detalló que, tras tener conocimiento de ello, se lo comunicó a los grupos políticos, además de convocar una reunión de urgencia con los servicios jurídicos y técnicos de la institución municipal para el estudio y evaluación de la sentencia, así como la "conveniencia y posibilidad de llevar a cabo el recurso de tasación ante el Tribunal Supremo". "Todo dependerá de las recomendaciones de los expertos jurídicos, como siempre se ha hecho".

Simón subrayó que "sigue intacta la voluntad de acuerdo y de buscar la mejor solución entre ambas instituciones para servir a los ciudadanos con la mejor predisposición y trabajar en acuerdos y facilidades para dar cumplimiento a la sentencia, si no se lleva a cabo dicho recurso". Todo ello de una manera "flexible que permita al Ayuntamiento cumplir con sus obligaciones de la manera más adecuada posible", apostilló.

Dicha problemática proviene de una situación heredada que surgió en 2010, entre el regidor socialista Heliodoro Gallego y el popular Enrique Martín, como presidente provincial, momento en el que llegaron a un acuerdo que permitió conectar la calle Jardines, que pasaba por la cesión de 38.287 metros al Consistorio a condición de que este le devolviera a la institución provincial en el plazo de dos años 18.113 de esos metros convertidos en suelo urbanizable y con una edificabilidad mejorada.

De esa forma, la recalificación urbanística tendría que otorgar a la Diputación 19 millones de euros a través de la explotación urbanística de ese suelo, pero dicho acuerdo o convenio nunca se llevó a cabo y ambas instituciones lo dejaron pasar hasta con cuatro prórrogas (2012, 2014, 2016 y 2018), que han generado más de 5 millones de euros en intereses.