• Viernes, 29 de marzo 2024
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La escuela concertada de León también sale a la calle en contra de la Ley Celaá

Piden educar y no adoctrinar

Ley Celáa

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 14:39

Con una suelta de globos de color naranja finalizó en la capital leonesa la concentración convocada por la plataforma Más Plurales contra la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), conocida como Ley Celaá sobre la que critican que pretenda “imponer un modelo único de educación y arrinconar la libertad social”. “Cuando una ley corta la pluralidad, lo que se intenta no es educar sino adoctrinar y eso es lo que no queremos”, señaló el vicepresidente de Escuelas Católicas de León, Jorge Taboada.

El también director del colegio Sagrado Corazón-Jesuitas apuntó que la movilización pretende “defender los derechos de las familias de las futuras generaciones; que no se eduquen rebaños, que se eduquen personas y que las familias puedan elegir libremente el colegio que deseen para sus hijos. La escuela concertada no es subsidiaria, es complementaria de la pública y deberíamos ir todos en el mismo barco”.

La Subdelegación del Gobierno fue el lugar elegido para escenificar un rechazo que se concretó en frases como “no es tiempo de hacer leyes, de modificar innecesariamente y a capricho, sin escuchar a los expertos”. Acompañados de pancartas, lazos y globos de color naranja, cientos de personas secundaron los aplausos dedicados a los docentes y a la lucha contra una ley que consideran un recorte a los derechos educativos.

Durante el acto se dio lectura a un manifiesto en el que se recordó que la asignatura de Religión, “que se cursa con absoluta normalidad en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas, que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada”. También se aludió a que la aparición en la Lomloe “de un concepto de inclusión radical conduce a los actuales centros de educación especial a su desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias que escolarizan allí a sus hijos”.

“Nuestros gobernantes no deben arrogarse, como si fuera un derecho de ellos, el asignar colegios; lo que tienen que hacer es poner las medidas para que las familias y los alumnos puedan elegir. No es el derecho de los gobernantes”, recalcó Taboada en una pacífica acción de protesta que se cerró con una prolongada ovación.

En toda España, La Plataforma Más Plurales continúa con su campaña contra la Ley Celaá.

Como ha afirmado su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, “la LOMLOE vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente el modelo de la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa”.

Además, y entre otros aspectos, la Ley Celaá pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial. Claramente, esta Ley, tramitada sin consenso, rechaza cualquier intento de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación.

La campaña lleva por título “Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos” y se han adherido a esta Plataforma las asociaciones de padres COFAPA y CONCAPA, los sindicatos FSIE y FEUSO, las patronales Escuelas Católicas, CECE, Fundació Escola Cristiana de Catalunya y las entidades Ven y Verás, EnLibertad, Yo Libre, Reli es Más, FEDMA y Libres para Elegir.

La comunidad educativa está ahora en lo que tiene que estar, que es intentar paliar los efectos negativos de esta pandemia a todos los niveles, trabajando codo con codo con las Administraciones, los centros, el profesorado y las familias para sacar adelante los retos educativos y sociales que plantea este delicado momento. Por todo ello, la Plataforma denuncia que se ha sustraído a la comunidad educativa del sano y democrático debate que debe acompañar la aprobación de toda ley. La democracia social y participativa ha dejado de serlo de manera efectiva y plena en estos últimos meses.

En vez de aplazar los debates de la Ley a otro momento más oportuno, el Gobierno ha preferido aprovechar estos dramáticos momentos para acelerar su nueva Ley, sin debate y sin consenso, e introducir cambios de gran calado en su articulado que conducen hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones de facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos.

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