La sala segunda del Tribunal Supremo confirmó la condena de nueve años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público contra el exalcalde de la localidad berciana de Cacabelos Sergio Álvarez de Arriba, al que considera autor responsable de un delito de prevaricación administrativa, por haber negado en 2016 la reincorporación del interventor municipal a su puesto de trabajo tras una baja médica. El Alto Tribunal desestima el recurso de Álvarez contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que confirmó a su vez la dictada por la Audiencia de León.

Cabe recordar que el interventor había propinado al entonces alcalde varios empujones y lo había insultado. Según señala la sentencia del Supremo, la normativa de protección de riesgos laborales en la que Álvarez pretendió ampararse para negar la reincorporación del interventor “no es de aplicación”.

Además, el Alto Tribunal recuerda que la apertura simultánea de un procedimiento penal y de otro disciplinario contra el interventor, por iniciativa de Álvarez, pone de manifiesto que era “plenamente consciente de que la prohibición de que este se incorporase a su puesto de trabajo, quedaba fuera del ámbito de sus competencias”.

También, el auto señala que esta prohibición sólo podía provenir bien del juez competente, a través de una orden de alejamiento, o bien de la autoridad administrativa que ordenó la instrucción del expediente disciplinario, a través de una suspensión de funciones. “Buena prueba de ello es que así lo solicitó de ambas no siendo atendidos sus requerimientos, a pesar de lo cual mantuvo su resolución de impedirle ocupar su puesto de trabajo”, señala la sentencia.