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TRIBUNALES

Inhabilitan dos años al pedáneo de Turienzo Castañero por denegar información pública sobre su gestión

La sentencia determina que actuó así de forma reiterada y deliberada

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IcalTurienzo Castañero (Castropodame)

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 20:20

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada ha inhabilitado durante dos años al alcalde pedáneo de Turienzo Castañero y concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Castropodame, Víctor Manuel Núñez, por un delito de vulneración de derechos cívicos, al denegar deliberadamente y de forma reiterada información pública que el Club Deportivo San Tirso y San Pelayo le había solicitado, informan desde la entidad.

El origen del litigio parte de la negativa del pedáneo a facilitar información pública sobre su gestión y, en concreto, a esclarecer actuaciones administrativas “de cuestionable legalidad”, señala el club. El pedáneo desoyó el requerimiento expreso de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, alegando que el Club Deportivo San Tirso y San Pelayo “no tenía interés legítimo en la información que solicitaba” y argumentando cosas como que la Junta Vecinal que preside (que obtiene unos ingresos del parque eólico del Redondal que rondan los 90.000 euros anuales) “carecía de medios para facilitar copias de la documentación”.

Con la intención, según el club, de “burlar el requerimiento de la Comisión de Transparencia, el señor Núñez Tercero convocó a la directiva para, supuestamente, facilitarles la documentación. En dicha reunión procedió a chantajear y amenazar a los representantes del Club Deportivo”, lo que derivó en una denuncia judicial.

La sentencia recoge que el condenado “no sólo se negó a facilitar de forma eficaz este acceso a la información pública […] culminando su acción comunicando a la Comisión de Transparencia que en la reunión del día 23 de enero de 2019 sí se había enseñado la documentación requerida pero que los responsables de la entidad reclamante se habían negado a revisarla” y recuerda al alcalde pedáneo y cargos públicos electos y funcionarios que la Administración es “una estructura de servicio a los ciudadanos” y que por eso tienen “derecho a preguntar y conocer su actividad”.



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