Los grupos municipales que componen la oposición en la corporación del Ayuntamiento de Ponferrada (Partido Popular, Ciudadanos, USE Bierzo y Partido Regionalista del Bierzo) han registrado un escrito en el que se conmina al alcalde del PSOE, Olegario Ramón, a cumplir de forma inmediata el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declara la firmeza de la sentencia dictada previamente por la misma sala y que reconoce el derecho de dichos grupos a contar con personal de confianza.

“Seguir prorrogando caprichosamente esta situación lo único que conlleva es un mayor perjuicio, causado por obrar de mala fe y a sabiendas de que se persevera en una situación injusta”, señalan en un comunicado conjunto en el que advierten de “la situación de alegalidad en la que se encuentra el personal eventual de confianza nombrado con arreglo a los acuerdos declarados nulos de pleno derecho.”

La dilación en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, añaden, “implica seguir vulnerando derechos fundamentales, perjudicando la credibilidad de la institución municipal y comprometer su pleno funcionamiento democrático, sin perjuicio de otras situaciones y consecuencias de las que pueden deducirse responsabilidades de diversa índole”.

Por otra parte, apuntan que se ven en la obligación de exigir al alcalde que asuma su responsabilidad política e institucional presentando su dimisión y respetando a la Administración de Justicia y al Ayuntamiento, institución de la que es el máximo representante. “Consideramos un alarde de cinismo que el alcalde deslice que el Tribunal Supremo no ha podido entrar a ‘conocer el fondo del asunto’ obviando que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 02 de julio es demoledora en el argumento de la violación de los derechos fundamentales de los concejales” apuntan.

Para los grupos de la oposición en Ponferrada, el “vano” intento de Olegario Ramón por alcanzar la última instancia no obedecía a otra cosa que a dilatar el plazo para el cumplimiento de la sentencia y no puede responsabilizar a los servicios jurídicos municipales de su fracaso en ese intento de dilación al presentar el escrito de preparación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo fuera de plazo, ya que él mismo contrató un servicio externo para presentar el mencionado recurso.