La comisión de seguimiento del acuerdo por una transición energética justa para las centrales térmicas en cierre, firmado hace un mes por sindicatos, compañías eléctricas y Gobierno quedó constituida este jueves con la incorporación de representantes del Ejecutivo -a través de los ministerios de Trabajo, Transición Ecológica e Industria-, de las empresas Endesa, Iberdrola y Naturgy y de los sindicatos Fica-UGT y CCOO de Industria.

Tras el acto de constitución, los responsables sindicales consideraron que se da “un paso importante en la búsqueda de soluciones para las personas trabajadoras, para la industria y para los territorios afectados”. Las mismas fuentes destacaron que durante el encuentro tanto el Gobierno como las compañías eléctricas ratificaron su voluntad de “ponerse a trabajar para conseguir los objetivos del acuerdo”.

Entre el resto de temas específicos tratados, los responsables ministeriales acordaron que los empleados, tanto de la empresa principal como de las contratas, tengan el rango de “colectivo especial” en los registros y bolsas de empleo que maneja el Instituto de Transición Justa. De esta manera, se pretende facilitar su inserción en los desmantelamientos de las instalaciones, así como su formación y ubicación en los nuevos proyectos.

Además, las empresas avanzaron las medidas planificadas, entre las que destacan las inversiones en los territorios, las propuestas para las plantillas de la empresa principal y la voluntad de que gran parte de los trabajadores de las empresas auxiliares participen en el desmantelamiento de las centrales. Al respecto, CCOO reclamó conocer la concreción y el desarrollo de estas medidas de acompañamiento en cada uno de los territorios afectados por el cierre de las centrales.

Su secretario general, Agustín Martín, trasladó al Gobierno y a las empresas que el sindicato entiende “que las soluciones puedan tener varias velocidades hasta conseguir los objetivos finales”, pero advirtió de que los trabajadores reclaman “soluciones inmediatas y específicas”. De cara al medio plazo, Martín hizo hincapié en la necesidad de captar inversores para no reducir el PIB industrial de las zonas afectadas, así como de generar riqueza y nuevas expectativas de crecimiento en estas zonas deprimidas para asentar población en los territorios.

Por otro lado, los presentes se comprometieron a hacer un “seguimiento continuo” del avance de los convenios de transición justa, mecanismo a través del cual se buscarán esas “soluciones específicas” en cada uno de los territorios afectados por el cierre de las centrales térmicas de carbón.