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Recurren un pleno celebrado en Torre del Bierzo por no convocar a los alcaldes pedáneos del municipio

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores apoya la denuncia de las juntas vecinales de San Andrés de las Puentes y La Granja de San Vicente

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Agencia Ical-Redacción COPE BierzoPonferrada

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 20 oct 2020

Las juntas vecinales de San Andrés de las Puentes y de La Granja de San Vicente, pertenecientes al municipio de Torre del Bierzo, junto con la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, recurrieron un acuerdo del pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 12 de septiembre, por el que se suprimía del presupuesto municipal una partida de 29.000 euros destinada a subvenciones para las juntas vecinales. El motivo del recurso es que la convocatoria de la sesión no se hizo llegar a los alcaldes pedáneos, que recordaron que la ley ampara su “derecho a representar a los vecinos en los plenos del Ayuntamiento”.

El alcalde pedáneo de La Granja de San Vicente, Antonio Morán, insistió en que el texto de la Ley de Régimen Local de Castilla y León obliga a los Ayuntamientos a convocar al pleno a los representantes de las juntas vecinales, sin voto pero con voz, cuando se debatan asuntos que les afecten. “Es algo que no nos puede impedir ningún alcalde”, señaló Morán, que recordó que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 2018 anuló los presupuestos del Ayuntamiento de Ponferrada por este mismo motivo.

En el mismo sentido, el alcalde pedáneo de San Andrés de las Puentes y presidente de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, José Luis de la Torre, denunció estas irregularidades como una “grave vulneración de un derecho fundamental amparado por la Constitución Española” y mostró su preocupación por la “actitud de muchos alcaldes que se niegan a cumplir una ley muy clara que fomenta la participación de las juntas vecinales en el Ayuntamiento”.

De la Torre, que también es concejal en el Consistorio, acusó al alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgado, de mantener comportamientos “antidemocráticos y totalmente ilegales” y lamentó que “a pesar de las reiteradas peticiones sigue sin atender a razones”. En esa línea, subrayó que “las juntas vecinales son administraciones públicas, que como tales también tienen derecho a que se respeten los principios de colaboración, cooperación, coordinación, transparencia y lealtad institucional”.

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