El fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha presentado este lunes en Burgos a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, las propuestas para la implementación de la nueva legislación que devuelve a las personas con discapacidad su capacidad jurídica.

En la reunión, celebrada en la sede de la Fiscalía de la Comunidad, han participado también el fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores de Castilla y León, Francisco Javier Gutiérrez; el secretario general de la Consejería, Jesús Fuertes; y el gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos.

En este contexto, Mena ha destacado la necesidad de reforzar las competencias y capacidades de la Fundación Pública Acción Social y Tutela de Castilla y León (FASCyL), con especial incidencia en las funciones del servicio de inspección de residencias.

Al respecto, y tras renovar el compromiso de mantener una comunicación fluida entre ambas administraciones, ha planteado la posibilidad de realizar visitas conjuntas a estas dependencias una vez ha remitido la situación generada por la COVID-19.

Santiago Mena se ha interesado especialmente sobre la aplicación de la instrucción de la Fiscalía General del Estado para el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y sociosanitarios de personas mayores y con discapacidad.

Por su parte, Isabel Blanco ha explicado que su Consejería se ha propuesto de forma estratégica un abordaje de la problemática del uso habitual de los cuidados con sujeciones, con el que pretende la disminución progresiva de su uso en los centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad de la Comunidad, teniendo en el horizonte su eliminación o reducción al mínimo posible.

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ESFUERZO ESPECÍFICO

Según ha explicado la consejera, para que pueda resultar exitoso, su aplicación requiere un esfuerzo específico e integral, enfocado por una parte a la formación y capacitación de los profesionales en alternativas del cuidado seguro sin usar sujeciones y, por otra, al establecimiento de un marco normativo que siente las bases que aseguren el derecho de las personas usuarias de centros residenciales a recibir una atención libre de sujeciones y establezca un modelo alternativo de cuidado basado en apoyos.

En el ámbito del derecho Civil y de Familia, la consejera y el fiscal superior han hablado sobre los sistemas de control ante peticiones fraudulentas sobre medidas paterno-filiales.

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Ambos representantes también han abordado la llegada de menores ucranianos a la Comunidad como consecuencia de la invasión de su país, un aspecto por el que se ha incidido en el protocolo relativo a la protección de personas menores de edad desplazadas desde Ucrania a Castilla y León.