La Central Integral de Servicios de Aspanias, Fundación CISA, ha confirmado hoy la "preocupante" situación económica en la que se encuentra. José María Ibáñez, su gerente, ha confirmado que "habrá que ajustar la plantilla". Así, de una plantilla de unas 300 personas negociarán con los sindicatos la salida de unos 60 trabajadores con discapacidad y 18 profesionales de apoyo, éstos últimos sin discapacidad.

Entre los motivos que han llevado a esta "drástica pero responsable decisión" ha sido la deuda generada por la empresa al cierre de 2019 que ronda los 900.000 euros. 

Una deuda que unida a la pérdida de facturación del 50% en el Centro Especial de Empleo de Quintanadueñas y a la subida del Salario Mínimio Interprofesional, que ha incrementado de manera importante los costes en personal, ha agrabado mucho la situación. José Luis Ortúñez, es el responsable de RRHH.

Desde la dirección de la Fundación CISA se asegura que todos los pasos se harán respetando la atención de las personas con discapacidad y contando con ellos y los sindicatos. Además, defienden la viabilidad de la organización, que está ya en un proceso de refinanciación de deuda de unos 3 millones de euros.

Medidas organizativas

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Dentro del Plan Estratégico se contempla la adaptación de la plantilla de Fundación CISA a las líneas de negocio y exigencia del mercado, con una nueva estructura y sistema de trabajo. Fundación CISA cuenta en la actualidad con una plantilla de operarios de alrededor de 300 personas.

Propone que un 18,3 por ciento de operarios se trasladen del ámbito del empleo. De ellos un 78,19 por ciento bien por su situación de envejecimiento prematuro o por su jubilación, van a ser encaminados a Proyecto Puentes, para dar continuidad a su proyecto de vida y generar posibilidades de envejecimiento activo en un modelo de inserción comunitario. Y el 21,81 por ciento será reubicado en fórmulas de itinerarios con la finalidad de formarse para otros perfiles profesionales.

A la par, la entidad social propone una restructuración de la plantilla de profesionales de apoyo, estando afectados el 7,3 por ciento, para los cuales se están estudiando todas las situaciones personales con posibilidad de crear una bolsa de empleo o reubicación en otros servicios.

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“Es preciso ser consciente de que todas las personas con discapacidad implicadas en este proceso de ajuste están protegidas”, aseveró, y agregó que “si esta decisión no se ha tomado antes es porque se estaban desarrollando los programas que les van a permitir seguir disfrutando de sus proyectos de vida, tanto a ellos como a los trabajadores de apoyo”.

El propio gerente de Aspanias ha puestos como fecha tope para hacer frene a este proceso de refinanciación y ajuste de plantillas a finales del mes de abril. 

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