El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha reclamado hoy al Gobierno de España una remodelación de la Ley de Mecenazgo para dar la posibilidad a que la iniciativa privada pueda colaborar con las administraciones públicas y los propios arzobispados en la financiación de las obras de rehabilitación de aquellos templos que se encuentran en mal estado.

"Las administraciones hacen un esfuerzo muy grande y la Iglesia hace todo lo que puede, pero pienso que hay un espacio para la aportación de empresas y particulares", ha dicho Iceta.

Por este motivo, ha reclamado una "relectura o remodelación" de la Ley de Mecenazgo "de modo que aquelllas instituciones privadas puedan también colaborar con nosotros" en esta tarea de rehabilitación de templos.

Una petición que el arzobispo de Burgos ha realizado tras la firma del conocido como ‘convenio de las goteras’ que Diputación y Arzobispado suscriben cada dos años y que en la presente convocatoria, que saldrá próximamente, destinará 1,4 millones de euros a la conservación de varias iglesias en el medio rural. La Diputaicón aportará un millón de euros y la Diócesis de Burgos 400.000.

Además de conservar el patrimonio, el convenio permite a los pequeños municipios poner en valor sus iglesias y ermitas que, en ocasiones, pasan por ser el único reclamo turístico con el que cuentan.

En este sentido, el presidente de la Diputación, César Rico, ha destacado "la importante inyección económica que se realiza sobre el terreno con la contratación de las obras que, en su mayoría, son realizadas por autónomos o empresas implantadas en el territorio".

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Además del esfuerzo económico, Iceta ha dicho que el arzobispado hará un esfuerzo mayor "para intentar mantener abiertos los templos" ya que "debido a la falta de personal y medidas de seguridad, no pueden estar abiertos al turismo".

Fruto de esta convocatoria, una de las más esperadas en el medio rural de la provincia de Burgos, se han rehabilitado 173 iglesias en los dos últimos años.

Por su parte, el Grupo Socialista provincial ha acusado al equipo de gobierno de la Diputación de consentir "el abandono de la Junta" a los templos de la provincia, "al desistir de pedirle su reincorporación al convenio para la conservación y restauración de iglesias", del que se desvinculó en 2010.

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