Los parlamentarios del Partido Popular piden explicaciones “técnicas y políticas” al Ministerio de Transición Ecológica sobre el proyecto de Abastecimiento de las Cogotas. La diputada, Alicia García, ha exigido que se aclare por qué ahora es necesario un informe ambiental que no se requería en el convenio firmado en marzo de este año entre Acuaes, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Ávila.

García ha denunciado que la intención del Gobierno es que este proyecto se “dilate en el tiempo”, y lamenta que este nuevo requerimiento retrase las obras dos años más, para su conclusión en 2023.

Según ha explicado la diputada, el argumento de Acuaes es que las obras transcurren por una zona protegida dentro de la Red Natura 2000. García se cuestiona si esta circunstancia no se conocía ya hace cuatro meses, cuando se firmó el convenio.

Desde el Partido Popular insisten en que el proyecto debe ser declarado obra de emergencia, para acortar los plazos lo máximo posible. Apuntan en que al menos deben respetarse los plazos previstos para el verano de 2021.

En este sentido el senador popular, Juan Pablo Martín, ha sentenciado que “ciertas decisiones son solo cuestión de voluntad política”, subrayando que tan sólo depende del Consejo de Ministros.

Tampoco entienden este nuevo requerimiento de declaración ambiental desde la Junta de Castilla y León. Su portavoz, Francisco Igea, ha lamenta la paralización del proyecto y lo considera “inexplicable al no haber ninguna modificación en la ley”.

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El diputado de Ciudadanos por Ávila, Manuel Hernández, también ha preguntado por este asunto al Gobierno de Pedro Sánchez. Apunta el diputado abulense a una paralización del proyecto y pide al Ejecutivo que explique “las previsiones que tiene en tiempo y forma”.

¿ POR QUÉ ES NECESARIA AHORA UNA EVALUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR EL PROYECTO DE LAS COGOTAS?

COPE-Ávila se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica y con responsables de la Junta de Castilla y León para intentar aclarar por qué es necesaria ahora una evaluación de impacto ambiental.

Según fuentes del Ministerio, el proyecto sobre el que se solicita su informe introduce modificaciones sobre el original redactado en 2016 y por tanto , como puede afectar a espacios protegidos de la Red Natura 2020, es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental simplificada . Lo notifica el pasado 11 de junio de 2019.

Sin embargo, otro organismo dependiente del Ministerio ya había certificado en enero de 2019 que no era necesario ese informe.

Desde la Junta de Castilla y León reiteran que el proyecto sobre el que se pronuncia el ministerio es el mismo y que no entienden el cambio de criterio. El consejero de Fomento, Suarez Quiñones ha solicitado una reunión con el secretario de estado de Medio Ambiente que se celebrará el próximo jueves.

Acuaes, en nota de prensa, sostiene que la declaración de interés general en el 2018 del proyecto ha supuesto que el trámite ambiental deba realizarse nuevamente ante el órgano correspondiente de la Administración General del Estado. Añade que la tramitación realizada en su momento por la Junta de Castilla y León no es suficiente para avanzar en la solución técnica hasta ahora prevista.

Lo que no se ha aclarado desde Acuaes es si se ha producido alguna modificación más en el proyecto desde la firma del convenio con la Junta y el Ayuntamiento que podría justificar el cambio de criterio del Ministerio.