La consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, se ha puesto este miércoles "a disposición del Ayuntamiento de Talavera de la Reina" para abordar este "problema, que no es pequeño" que ha supuesto la providencia del Tribunal Supremo sobre los planes de empleo de años anteriores, y que va a suponer una deuda para el Consistorio talaverano de 12 millones de euros, que tendrán que pagarse a los trabajadores de esos planes durante la etapa de gobierno del PP.

Preguntada por este asunto en un desayuno informativo organizado por www.encastillalamancha.es, Franco ha dicho, no obstante, que en este tema tiene "la conciencia tranquila" de que no ha sido el Gobierno regional "el que ha fallado" ni en la negociación con la mesa colectiva de los trabajadores ni en la forma contractual que han llevado a cabo.

Además, y después de que el portavoz del Grupo Municipal Popular de Talavera, Santiago Serrano, asegurase este martes que la Junta dio una respuesta favorable sobre la remuneración de los trabajadores de los planes de empleo, Franco ha aclarado que ese escrito se dirigió al Gobierno regional "dos años después" de las sentencias sobre planes de empleo de 2016 y 2017.

Ha referido que fue concretamente en mayo de 2018, después de que CCOO denunciase la falta de negociación en el proceso de selección de los trabajadores del plan de empleo del Ayuntamiento de Talavera, cuando la Junta dirigió una carta al Consistorio donde le especificaba que había que cumplir con lo que establecía el convenio colectivo o el Estatuto de los Trabajadores, pero no lo que tenía que pagar el Ayuntamiento a las personas que contrataba en su plan de empleo.