El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha expresado su preocupación ante la sospecha de que el Ayuntamiento de la capital pueda condonar al de Marchamalo la deuda contraída por el abastecimiento y saneamiento del agua.

Carnicero ha explicado que, según las mediciones contrastadas y aportadas en sede judicial, ésta asciende a 700.000 euros, muy por encima de los 266.400 euros que el municipio gallardo pagaba anualmente a Guadalajara en ambos conceptos.

"Según las mediciones, contrastadas y que están aportadas en sede judicial, le debería salir como mínimo 768.644 euros, pero, además, faltaría por computar una parte muy importante, que es prácticamente un millón y medio de metros cúbicos de toda el agua de saneamiento, no sólo del Polígono sino también del municipio de Marchamalo, que podríamos estar rondando en torno a los 225.000 ó 250.000 euros, es decir que hay un diferencial aproximado de 700.000 euros".

El portavoz popular ha recordado que los servicios compartidos entre la capital y Marchamalo están regulados por el convenio de 1.999 y ha confiado en que el nuevo alcalde de Guadalajara no pare el curso judicial de este asunto.

"Lo lógico y lo normal evidentemente es que continúe su curso judicial y administrativo y que, como tal, estemos a expensas de lo que sea la sentencia y también de lo que determinen los técnicos municipales; si no lo hace, estaríamos ante dos graves errores, uno, de no defender los intereses de los vecinos de Guadalajara y, dos, de estar contraviniendo la Ley de Procedimiento Administrativo".

Carnicero ha subrayado que, en caso de que los jueces den la razón a Guadalajara, el dinero de la deuda marchamalera se podría aprovechar para reducir un 10% el recibo del agua de los vecinos de la capital, evitar subidas de precio en el futuro o, incluso, realizar inversiones.