La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, APAG, ha decidido presentar un recurso contra la resolución publicada el viernes en el Diario Ofiicial de Castilla-La Mancha por la que se prohibía la realización de labores con maquinaria agrícola, como cosechadoras, los pasados días 11 y 12 de julio, por riesgo de incendios.

Según el secretario general de APAG, Antonio Torres, la medida está motivada en que la resolución de la Junta "es nula por falta de competencias y porque vulnera los derechos fundamentales, con lo cual vemos que hay una falta de cobertura jurídica para tomar esta decisión, pero es que, además, ha supuesto una actuación que se llama vía de hecho, es decir es una expropiación del derecho al trabajo que, en el futuro, puede generar una responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados".

En este sentido, Torres ha lamentado los daños "incalculables por el momento" que la paralización de la actividad agrícola durante dos jornadas ha supuesto para el sector, ya que, por ejemplo, "todos aquellos cosecheros que tienen gente empleada a su cargo y han estado dos días parados, han tenido que pagar pensiones, comidas, tienen que pagar su seguridad social, etc, es decir son situaciones que habrá que calcular detenidamente".

Para el secretario general de APAG habría sido suficiente con una recomendación a los agricultores para que paralizaran la cosecha en las horas centrales del día o extremaran precauciones, en vez de la decisión de la Junta de "prohibir", sin tener en cuenta las particularidades de cada comarca.

Y es que, tal y como ha explicado, Guadalajara y Cuenca han sido las únicas provincias de la región afectadas por la decisión, ya que las demás habían terminado ya de cosechar. Además, a pesar de que las previsiones meteorológicas no marcaban riesgo de calor extremo ni de vientos para el lunes 12, se mantuvo aun así la prohibición de segar desde las 12 hasta las 20 horas.

Así, a pesar de los intentos para que la prohibición quedara sin efecto este lunes, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible no se rectificó, por lo que APAG presentará el recurso de alzada ante el titular de esta cartera regional y, si procediera, se iniciaría el proceso para solicitar daños y perjuicios al sector por la polémica resolución.