El último de los acusados de pertenecer a una organización criminal, dedicada a robar en casas de campo de la provincia de Ciudad Real, ha acordado una pena de conformidad de cuatro años de prisión durante la celebración del juicio contra él y otras tres personas sobre estos hechos, celebrado en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. 

El resto de los acusados, tres miembros más, llegaron este pasado martes a un acuerdo de conformidad tras considerar que quedan acreditados los hechos de los que se les acusan, por lo que dos de ellos cumplirán una pena de cuatro años por integración en grupo criminal, robo continuado con fuerza en las cosas en instalaciones agrícolas y delito continuado de robo en casa habitada, frente a los nueve que pedía la Fiscalía para cada uno de ellos. Para el tercero de ellos la pena será de siete años al sumarse también los delitos de conducción temeraria y atentado a agentes de la autoridad.

El abogado del acusado ha manifestado que se ha optado por la opción "menos mala dentro de las penas tan elevadas que pedía la Fiscalía". El letrado ha opinado que en este tipo de delitos se criminaliza la pobreza y que "el Código Penal no se puede reformar a golpe de telediario y haciendo añicos la proporcionalidad".

En este sentido, ha encontrado "paradójico" que delitos contra el patrimonio, que no pone en duda que "generan alarma social", tengan penas superiores a delitos que afectan a bienes jurídicos más importantes como la vida, la integridad física o incluso la libertad sexual. "Es curioso ver como la Justicia mide con rasero parecido a homicidios y delitos contra el patrimonio", ha añadido.

Además, ha explicado que la sala ha contemplado la opción de la expulsión pero el acusado ha manifestado la intención de permanecer en el país, por lo que cumplirá la pena.

LOS HECHOS

El escrito de acusación de la Fiscalía considera a los hombres --de entre 34 y 43 años-- responsables de cinco delitos de robos con fuerza en las cosas y de pertenencia a organización criminal ya que, indica, actuaban de manera organizada y cada miembro tenía definida su función.

Entre 2016 y 2017, los hombres viajaron desde Níjar (Almería), donde residían, hasta la provincia de Ciudad Real donde, presuntamente, cometieron robos en distintas fincas ubicadas en los municipios de Cózar, Almedina, Manzanares y Valdepeñas, sustrayendo motores de riego y otros aparatos domésticos, que vendían en Almería o en Marruecos.

Los robos, siempre según la acusación del Ministerio Fiscal, eran diseñados de manera pormenorizada y con "un modus operandi que revelaba la existencia de un grupo organizado", ya que se desplazaban en dos vehículos de manera que mientras uno se usaba para robar, el otro hacía labores de vigilancia por si había controles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.