El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha reiterado una vez más uno de los principales cambios que llegarán con la ley de la Viña y el Vino que está en su trámite final

Se trata de la tecnología Blockchain, que es inalterable una vez que los datos entran en el sistema, y que se aplica en muchos ámbitos.

Francisco Martínez Arroyo- Sobre la nueva tecnología a aplicar y la figura de vinos de Finca

Castilla-La Mancha, ha asegurado hoy en Albacete, Francisco Martínez Arroyo, donde ha presentado este proyecto pionero de digitalización del sector vitivinícola, que se realiza en colaboración con la Universidad de C-La Mancha, que se eliminarán los papeles, puesto que a través de la tecnología Blockchain, con un simple código QR se interrelacionaran agricultor , consumidor y el sector con la Administración, permitiendo conocer la trazabilidad del producto, en este caso el vino.

“Es adelantarse a lo que nos va a exigir sociedad y la propia PAC”

El proyecto cuenta con una inversión pública de 2,5 millones de euros que se ponen a disposición de la innovación en un sector como es el vitivinícola. De esta forma se pondrá en marcha el concepto de Blockchain para que, a través de un código QR, se puede identificar “todo lo que nos interesa”, desde el consumidor que consume el producto en un restaurante o lo adquiere en la distribución, y en la relación entre la Administración y sector.


La Ley de la Viña y el Vino y su aprobación a la vuelta del verano

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ha explicado ante representantes financieros, del sector agroalimentario, Cooperativas Agroalimentarias y representantes de las organizaciones agrarias UPA, y ASAJA los puntos más importantes de la Ley de la Viña y el Vino que llegará a las Cortes “a la vuelta del verano” para su debate final y cuyo proyecto fue aprobado ayer en el Consejo de Gobierno.

En datos, el sector vitivinícola, en Castilla-La Mancha supone por sí solo, el 4,6 por ciento de la riqueza regional; factura 1.740 millones de euros y, solo el año pasado, se produjeron 22,7 millones de hectolitros de vino y mosto de los cuales se vendieron al exterior, 17,2 millones, a 150 países.

Tras él, ha recordado Martínez Arroyo, hay 80.000 explotaciones de viticultores y 484 bodegas y cooperativas que transforman el producto en el medio rural y una economía social “imprescindible para nuestros pueblos más pequeños”. Y, “para que este sector tenga futuro es necesaria la Ley”.

Una norma que nace de un plan estratégico del sector del vino, consensuado con el sector, y en el que se ponía de manifiesto la necesidad de tener una ley para alcanzar el objetivo de que la facturación del sector fuera de 2.500 millones de euros en 2025.

De esta manera, esta normativa regula el procedimiento para autorizar nuevas variedades de vid, las prácticas enológicas, las indicaciones geográficas y la trazabilidad del vino, donde se enmarca este proyecto de digitalización presentado hoy en Albacete.