El PP ha destacado que el alcalde de Santa María de Cayón, Gástón Gomez, tras la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 que le condena por un delito de prevaricación administrativa a la pena de nueve años de inhabilitación especial, no tiene otra opción que renunciar al cargo, "por imperativo legal".

Según señala el PP en un comunicado, la ley orgánica de régimen electoral general (Loreg), los acuerdos reiterados de la Junta Electoral Central y el propio Tribunal Supremo establecen que los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por un delito contra la administración pública a pena de inhabilitación especial, incurren en causa de inelegibilidad e incompatibilidad sobrevenida obligando, una vez sea constatada por el pleno y declarada la correspondiente vacante, a tramitar la credencial de quien haya de sustituirle.

"Dicha decisión no es por tanto disponible, no depende de la voluntad del alcalde, del apoyo de su grupo municipal ni de la dirección regional del PP, es un imperativo legal", destaca el PP.

En su comunicado, los populares recuerdan que Gastón Gómez pidió tiempo al PP para analizar jurídicamente la sentencia y valorar sus consecuencias políticas. Un tiempo que la dirección regional del PP le dio, según apunta el partido.

"Gastón Gómez es un compañero muy querido cuya situación personal todos lamentamos, que cuenta con una larga trayectoria de servicio público y que reiteradamente ha merecido la confianza mayoritaria de sus vecinos", añade el PP y recuerda que, tras analizar la situación, el partido trasladó a Gómez la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia y presentar su renuncia al cargo público que ostenta.

"No hay otra salida posible de conformidad con la legalidad", subraya el PP.

En cuanto a las consecuencias de dicha resolución judicial en el ámbito interno, el PP se rige por lo dispuesto en su normativa interna conformada por los estatutos nacionales y el reglamento de organización del PP en Cantabria.

En este sentido, el PP enfatiza que Gastón Gómez no desempeña en la actualidad responsabilidad o cargo orgánico alguno en la formación política. Y señala que para la pérdida de la condición de afiliado es necesaria la apertura de expediente sancionador como consecuencia de una resolución judicial firme, que hoy no existe.

No obstante, en cumplimiento de dicha normativa, el PP informa de que se procederá a abrir el oportuno expediente informativo para hacer seguimiento de la ejecución de la resolución judicial y las actuaciones del regidor. EFE